"Nosotros lo tenemos muy claro porque lo único que pedimos es la aplicación de la ley, que no se tergiverse o se haga otra interpretación por parte de la Confederación Hidrográfica de Ebro y del Gobierno de Aragón". El alcalde de Bielsa, Antonio Escalona, está convencido de que la batalla por la reversión de los saltos hidroeléctricos y los aprovechamientos de la energía que estos producen será "larga y dura porque, al final, todos los ayuntamientos tendremos que recurrir a la justicia". En Lafortunada (Tella-Sin), en la misma comarca de Sobrarbe, también están dispuestos a enfrentarse a la administración porque "tendremos que defendernos", indicó el alcalde, Feliciano Sesé. 

El municipio belsetano ha presentado alegaciones contra la declaración de utilidad pública de la central de El Pueyo de Jaca, un procedimiento abierto por el departamento de Industria a instancias de la CHE y que ha recurrido también el Ayuntamiento de Panticosa, donde está la instalación, y la Diputación de Huesca (DPH). Esta declaración supondría que los elementos de la instalación que no están en dominio hidráulico sino en montes de utilidad pública quedarían bajo la gestión del organismo de cuenca en lugar de revertir al municipio. Recursos

La DPH argumenta que esa declaración contraviene el artículo 96 del Real Decreto 129/2014 por el que se aprueba el Plan Hidrológico del Ebro y que hace referencia a la restitución territorial. El Ayuntamiento de Bielsa se sumó a estas alegaciones porque "la del Pueyo es la primera y si consiguen el interés social detrás caerán todas las demás", apuntó Escalona. En su opinión todos los ayuntamientos que tienen centrales tenían que haberse sumados a este recurso. "No se dan cuenta de que si hay una resolución favorable a la CHE después van a ir por todas los demás, lo que quiere decir que los ayuntamientos quedan fuera de juego", apostilló. 

La central de Panticosa ha sido el primer salto de España que ha revertido a la administración al extinguirse la concesión otorgada en 1929 a la compañía eléctrica. Hace un año que está bajo la gestión de la CHE. 

La autonomía de los ayuntamientos para decidir sobre su suelo y las infraestructuras construidas en él no es el único frente abierto con la Confederación. Además, se lucha por los beneficios que el territorio debe recibir por la producción energética. 

El salto hidroeléctrico de Lafortunada-Cinqueta es el segundo que debe revertir a la administración, pero Endesa ha alegado en contra, lo mismo que Acciona, compañía que compró este activo en 2009. El Ayuntamiento de Tella-Sin, donde está parte de esta instalación, está pendiente de esa resolución. 

El alcalde no ocultaba su preocupación por las compensaciones que pueden llegar al territorio cuando la central pase a manos de la Confederación. "No estamos en contra de los beneficios que puedan tener los regantes, pero primero deberían empezar por los municipios afectados, por donde pasan los canales y las tuberías", indicó Sesé.

Cuando el salto comenzó a funcionar en Lafortunada la luz era gratis, pero 30 años después se extinguió aquel convenio y "ahora pagamos una tarifa normal, como la de cualquier vecino", comentó el alcalde. En la parte positiva está el cobro del IBI y del IAE, que supone al ayuntamiento entre 70.000 y 80.000 euros al año. Un "tanto" al año

A la hora de considerar cuáles pueden ser las compensaciones que debe recibir el municipio por la reversión, Feliciano Sesé, apuesta por "un tanto al año" de los beneficios de la producción de energía. Si la población recibiera la luz a precio de coste, como recientemente ha firmado Panticosa, "tendríamos que constituir una empresa eléctrica", lo que no entra en las expectativas de un ayuntamiento que, según su alcalde, no puede solicitar las subvenciones de la DPH ni del Gobierno de Aragón porque no tiene fondos para completarlas.

En la comarca de Sobrarbe se sufren las afecciones de ocho centrales hidroeléctricas. Según el alcalde de Bielsa, generan una media de 650 millones de kilowatios, "que si se comercializan al precio mínimo de 0,114, que debe ser lo más bajo, ya salen 70 millones de euros y si a eso se le aplica el 21% salen 15 millones de IVA". "Y de eso no nos llega absolutamente nada", afirma Antonio Escalona.