España es el segundo país productor de porcino, Aragón la segunda comunidad autónoma y Huesca la primera provincia aragonesa. Pero este no es el único ranquin que encabezan los ganaderos regionales porque también pagan mucho más por la recogida de los animales muertos que en otras comunidades como Cataluña, ya que en Aragón están obligados a utilizar el servicio del Gobierno autonómico. Por ello, la Asociación Pecuaria Oscense (Asopeco) critica una vez más la situación y se plantea incluso denunciar ante la Comisión Europea porque entiende que existe un conflicto de competencias. 

La organización pide ahora al Gobierno de Aragón que les permita gestionar directamente, a través empresas privadas, la destrucción de cadáveres. Según explica el presidente de la organización sectorial, José Luis Lavilla, están dispuestos "a buscar soluciones allá donde las encuentren, bien sea contratando la destrucción por su parte, o bien sea llevando el caso ante la Comisión Europea", ya que dudan de la legalidad. Su propuesta es que la recogida siga a cargo de la empresa pública Sarga, que ahora tiene el monopolio del servicio, pero que el final del proceso se liberalice, con el objetivo de ahorrar costes. 

Llegaron a pagar hasta 0,28 euros el kilo, hasta hace poco les costaba a 0,25 y recientemente han conseguido rascar hasta 0,23. Pero sigue siendo un precio muy por encima de los 0,16 que paga su competencia en Cataluña, según resalta Lavilla. Aunque no pretenden llegar a ese precio, están dispuestos a seguir abonando los 0,09 por la recogida pero, tras mantener un encuentro con una empresa de destrucción de animales muertos de Zaidín el pasado miércoles, podrían conseguir el mismo precio por el cierre del proceso. De este modo, se les quedaría en 0,18.

"El problema es que el Gobierno de Aragón quiere controlar la recogida y también la destrucción, cuando nosotros entendemos que no corresponde. La normativa contempla la recogida pero no la destrucción", indica Lavilla. Esta es la razón por la que se plantean acudir a Europa. "Es la única Comunidad Autónoma en la que estamos obligados a recoger con el Gobierno y, según nos dicen, una empresa pública no debe trabajar por encima del precio mercado", asegura. Los ganaderos quieren acabar con este monopolio porque entienden que la entidad pública tendría que trabajar en todo caso en condiciones más ventajosas. "Dicen que el problema es que Sarga no será competitiva y a veces dicen que nos queremos cargar la empresa, pero nosotros no queremos nada de eso. Solo decimos que una empresa pública tiene que trabajar a precio de mercado. Entiendo que no es una cuestión fácil, pero el consejero (Modesto Lobón) tiene que resolverla", indica. 

De ello depende la rentabilidad de un sector que genera 10.000 puestos de trabajo en Aragón (4.000 en Huesca) y 1.200 millones de euros de volumen de negocio. Solo en la provincia de Huesca hay 1.842 explotaciones con 1.921.000 cerdos de cebo. Son cifras que crecen año tras año, porque en 2013 se contabilizaron 1.800.000.

Al mismo tiempo, denuncian que el Gobierno de Aragón sacó a concurso la recogida y, en el caso de la comarca de La Litera –donde él mismo tiene sus explotaciones–, pagan a la empresa de Balaguer (Lérida) a 0,11 euros el kilo, de modo que hay una diferencia de casi 0,12 con el precio que cobran después al ganadero. "Ahí tiene una ganancia", resalta. No obstante, también explica que la DGA lo justifica con que en otras comarcas pierde dinero, "pero nosotros no sabemos las cuentas de Sarga".La DGA les debe las ayudas

Lavilla apunta que existe "malestar" en el sector porque los propios ganaderos van a tener que abonar el tercer pago fraccionado de la póliza de recogida de Agroseguro. Según indica, la DGA solo les ha pagado las ayudas de mayo a diciembre de 2013, pero desconocen cuándo podrán recibir las cantidades de las pólizas desde enero a mayo de este año, a pesar de que existía el "compromiso" del Ejecutivo Autonómico. 

El presidente de la organización sectorial critica que el Gobierno de Aragón haya pagado "a tocateja" los ocho millones que debía a Agroseguro, mientras que los ganaderos no han recibido ni un solo euro. "Nuestras ayudas están presupuestadas pero depende de Hacienda, que ha pagado los 8 millones mientras podría haberle abonado seis y los otros dos a los ganaderos", indica, al tiempo que recuerda que les deben algo más de 2 millones por este concepto. "Nosotros pedimos seriedad y una solución", recalca.