El Ayuntamiento de Jaca va a trasladar el expediente administrativo sobre las obras de la nueva pista de hielo a la Fiscalía para que estudie la posible existencia de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la actuación activa o pasiva de cualquier miembro de la anterior corporación encabezada por Enrique Villarroya (PSOE), ahora concejal en la oposición, y que ayer no hizo declaraciones.

Esta es la propuesta que llevó ayer al pleno el equipo de gobierno jaqués (PP) y que fue apoyada también por CHA y por el PSOE. Estos últimos alegaron que no tienen ningún problema en que se envíen los documentos al Ministerio Fiscal "porque tenemos la conciencia muy tranquila y lo que se hizo entonces fue porque se tenía que hacer". Por su parte, el PAR, que fue socio de gobierno de los socialistas, se abstuvo.

Después de haber manifestado en multitud de ocasiones sus dudas sobre las posibles irregularidades que, a juicio del PP, existieron en la construcción del pabellón de hielo, y haber realizado un estudio acompañado de un informe jurídico externo de un equipo de abogados "que avala nuestra tesis", aseguró el concejal José Manuel Prada, han llegado a la conclusión de que "dichas dudas han quedado reveladas como un cúmulo de irregularidades en el origen y en la tramitación del expediente administrativo". Y que concluyeron, según los populares, con la "arbitraria e ilegal contratación" de la empresa Vías y Construcciones de lotes "que deberían haberse licitado nuevamente como consecuencia de las modificaciones producidas".El coste final aumentó un 100%

La pista de hielo de Jaca se presupuestó en un principio en 12 millones euros, precio que luego se disparó por los diferentes modificados, llegando al final hasta los más de 25 millones de euros. Aunque todavía no se conoce el precio exacto de la misma ya que, además, en este tiempo han seguido llegando sentencias desfavorables para el Ayuntamiento. Las dos últimas han obligado a la Fundación Jaca 2007 a pagar casi un millón de euros al arquitecto Juan Coll, que diseñó la nueva pista.

El PP mantiene que en esos modificados se debería haber convocado una nueva licitación, algo que el entonces alcalde Enrique Villarroya "omitió" y en lugar de hacerlo, se abstuvo de cualquier acuerdo o pronunciamiento posibilitando el comienzo y continuación de las obras "de espaldas a la ley evitando las comunes obligaciones de contratación administrativa", añadió Prada. En su lugar, opinan, "debió ordenar la suspensión inmediata de las obras", tal y como sugería el informe de intervención, que no avaló dichos modificados.

Los principales indicios y dudas surgen tras analizar la trascendencia jurídica y efectos del informe emitido por la Interventora del Ayuntamiento de Jaca, con fecha 2 de mayo de 2007, sobre el modificado número 2 del contrato de obras para ejecutar el lote 1 del nuevo pabellón de Jaca.

Este informe "evidencia un notorio y claro desacuerdo" con el fondo y la forma de los actos, documentos y expedientes en la formulación de reparos debidamente motivados y fundados en la normativa vigente, según el PP. "No deberían haberse aceptado los modificados, ni los pagos de los mismos, ni la fijación de unos precios por la administración sobre los cuales existía disconformidad por parte de la propia dirección facultativa, ni el abono de partidas no incluidas en proyecto, ni el abono de honorarios no reconocidos ni aceptados, ni la tramitación del expediente en la forma en que se hizo", aseguran.

Limitándose a este informe de intervención, los populares consideran que si el alcalde y los concejales que estuvieron al tanto del desarrollo de las obras autorizaron que se llevaran a cabo "cualquiera que fuera el precio", sin una nueva licitación, ni proyecto reformado, ni evaluación concreta de costes, e ignorando además el Informe de la Intervención, su forma de actuar supondría una actuación "de espaldas a una elemental legalidad, susceptible de ser constitutiva de un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación".

José María Abarca, portavoz del PAR apuntó en su intervención que esta propuesta era fruto de un pacto entre el PP y CHA y preguntó si el informe externo había sido costeado por el consistorio, para pedir una copia. Pero el alcalde Víctor Barrio respondió que lo había pagado su partido.CHAlo lleva pidiendo desde 2007

Por su parte, Javier Blasco, de CHA –grupo que igualmente ha venido mostrando sus dudas respecto a este proyecto-, aclaró que no se trata de ningún pacto y recordó que el traslado del expediente a la Fiscalía ya lo habían pedido ellos. Por ello, apoyaron la propuesta, "porque lo creemos consecuente y es lo que hemos defendido desde el 2007", dijo.

Por último, el portavoz del grupo del PSOE, Juan Manuel Ramón, criticó que la propuesta no se hubiera presentado por escrito a todos los grupos y únicamente se expusiera a viva voz. "Si tan claro tenían que había dudas en cuanto a la construcción de la pista de hielo, no sé por qué han esperado tanto tiempo", subrayó.