Arte sacro

El juicio sobre la venta de los bienes del Monasterio de Sijena a Cataluña sigue sin fecha

El Gobierno de Aragón espera que se declare ilegal la venta realizada en 1983 porque desde 1923 el monasterio es Monumento Nacional.

Fotografias de las obras de arte de Sijena en Cataluña
Las obras de Sijena_4
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El juicio sobre la venta de los bienes del monasterio de Sijena sigue sin tener fecha, un año después de que el Gobierno de Aragón, con el apoyo del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, iniciara el proceso judicial para que se declarase ilegal la venta a Cataluña de 97 piezas de arte sacro de este cenobio, que las monjas Sanjuanistas realizaron entre los años 1983 y 1992.


El Ejecutivo aragonés acudió a esta vía por entender que podía permitir el regreso de estas obras de arte, entre las que destacan las veinticinco cruces de oro de Malta de las prioras, tres cajas sepulcrales y la silla prioral de Doña Blanca de Aragón, según el alcalde de Villanueva de Sijena, Alfonso Salillas.


El juicio se celebrará en Huesca y el principal argumento de la Comunidad aragonesa para defender la anulación de la venta es que desde 1923 el monasterio es Monumento Nacional, lo que impide la división de su patrimonio y contenido.


El alcalde de Villanueva de Sijena ha asegurado que "tenemos otros argumentos de sobra" que exponer a la justicia para lograr el objetivo final, el regreso de estas obras de arte. "Tenemos muchas esperanzas en el juicio porque vamos a sacar a la luz cosas nuevas" que apoyan que la venta fue ilegal, ha dicho.


Cesión de propiedad 


Por otra parte, recientemente el Gobierno de Aragón ha solicitado a los obispados de Huesca y Barbastro-Monzón la cesión de la propiedad de los bienes de las parroquias de estas diócesis depositados en Cataluña para poder reclamar su regreso.


En el caso de Huesca, el vicario general de la Diócesis, Nicolás López, ha indicado que "los servicios jurídicos del obispado todavía están realizando un completo informe de la petición". Después, el obispado deberá obtener el visto bueno del consejo de Economía, del Colegio de Consultores y, finalmente, elevar una petición al Vaticano.