El Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Huesca y el Colegio de Abogados de la capital oscense van a poner en marcha una oficina para atender a los ciudadanos en riesgo de desahucio que se ubicará en el edificio de Bienestar Social del Consistorio.

La iniciativa, que se enmarca en el Plan de Gestión Social de la Vivienda impulsado por el Ejecutivo autónomo para atender a los colectivos más vulnerables, servirá para informar y asesorar a los habitantes de la capital oscense que se encuentran en riesgo de perder su vivienda o tienen dificultades para atender las obligaciones de pago, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

El consejero de Vivienda, Rafael Fernández de Alarcón, la alcaldesa de Huesca, Ana Alós y el decano del Colegio de Abogados de Huesca, Alberto Allepuz, han rubricado el convenio para dar una respuesta coordinada a los ciudadanos que como consecuencia de situaciones imprevistas han dejado de poder atender el cumplimiento de sus obligaciones para poder permanecer o acceder a una vivienda.

Fernández de Alarcón ha subrayado la importancia de esta colaboración que se suma a las Unidades de Gestión Social de la Vivienda puestas en marcha en las tres capitales de provincia porque el ayuntamiento ha tenido interés de trabajar especialmente en esta materia "y para nosotros es afortunado poder contar con ellos en esta gestión y también con el Colegio de Abogados de Huesca".

Asimismo, el consejero de Obras Públicas ha explicado que próximamente se firmará una adenda con el Ayuntamiento por la que se convertirá en entidad colaboradora de la red de bolsas de alquiler social que impulsa el Gobierno de Aragón.

Con la firma del convenio con el Ayuntamiento de Huesca, ambas instituciones pretenden prevenir y en su caso reducir los efectos de riesgo de desahucio que sufre la población de Huesca, asociados a la imposibilidad de pago de las cuotas hipotecarias de sus viviendas.

Así, se ofrecerá información, apoyo y asesoramiento a los ciudadanos empadronados y residentes en la ciudad de Huesca que lo soliciten, efectuando medidas de intermediación dirigidas a mejorar su situación y facilitar la permanencia en la vivienda, así como la búsqueda de alternativas de alojamiento accesibles a su situación.

En función del acuerdo a el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes aportará 24.000 euros que se abonarán al consistorio oscense para hacer frente a los gastos que se generen y para sufragar la prestación del Colegio de Abogados de Huesca.

A su vez el Ayuntamiento de Huesca pondrá en servicio una oficina de atención al público en la ciudad, en dependencias municipales y aportará el personal necesario para su funcionamiento.

El consistorio solicitará y colaborará en la intervención del colegio de abogados, como instrumento de asesoramiento y mediación con las entidades bancarias de una forma profesionalizada, y este órgano colegiado prestará la asesoría jurídica necesaria para la resolución de conflictos a los que se refiere este convenio y realizará un seguimiento de los mismos.