La Diputación Provincia de Huesca (DPH) no puede asumir "de ninguna manera" los servicios que ahora prestan los pequeños ayuntamientos, ni tiene capacidad ni puede, ya que carece de recursos para poder cubrir todo el trabajo que de forma voluntaria se realiza en ellos. 

Así lo ha afirmado el vicepresidente primero de la institución provincial, Miguel Gracia, en un comunicado en el que ha agregado que eso supondrá la privatización de muchos servicios y por ende su encarecimiento para los habitantes.

Gracia ha presentado hoy, junto a la vicepresidenta de la diputación, Lourdes Arruebo, las acciones de esta institución de rechazo al anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

Entre ellas, una iniciativa que se debatirá en el pleno del jueves 7 de marzo en la que se pone de manifiesto el ataque a la autonomía local de dicha norma.

Por su parte, el presidente de la DPH, Antonio Cosculluela, participará mañana en una reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias para abordar esta reforma.

"Cuando no se respeta a los ayuntamientos de los pueblos no se está respetando a sus vecinos", ha dicho Gracia, mientras que Arruebo ha argumentado que en el debate del pleno esperan contar con el apoyo de todos los grupos, ya que "todos somos alcaldes o concejales de pueblos y conocemos bien la realidad del medio rural", ha agregado.

Para Gracia, es un anteproyecto lleno de "contrasentidos" y se ha preguntado por "¿Quién fija el coste estándar de los servicios que han de prestar estos ayuntamientos pequeños? Todo está en el aire".

Por su parte, Arruebo ha agregado que "atenta contra la autonomía local y supone la desaparición del medio rural, sobre todo en una provincia como la de Huesca, en la que sólo 7 de los 202 municipios tienen más de 5.000 habitantes".