El grupo socialista en la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha afirmado que rechaza la privatización de los Registros públicos que contempla el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros planteado por el Ministerio de Justicia.

Por ello, dicho grupo va a presentar una moción en contra de dicha privatización para que se debata en el pleno de la Diputación Provincial.

Este rechazo está motivado por las "graves consecuencias económicas que para los ciudadanos, usuarios obligados de dichos registros, tendría dicha privatización", así como por la incidencia en el control directo sobre todos los actos de la vida de los ciudadanos, "especialmente intolerable cuando se lleva a cabo por parte de un colectivo profesional privado".

Asimismo, los socialistas de la Diputación Provincial han indicado en una nota de prensa que rechazan la supresión de los Registros civiles locales, ya que, tal como se señalan, "su estructura actual facilita la accesibilidad a dicho servicio por parte de la ciudadanía en territorios rurales e interiores como la Provincia de Huesca". Por todo ello, piden al Gobierno de Aragón que se oponga al anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros "que tanto perjudica la vida diaria y el interés general de los aragoneses y lesiona derechos fundamentales de la ciudadanía".

Para el grupo socialista de la DPH, la desaparición de los Registros civiles locales y su "previsible" concentración en los lugares de ubicación de los actuales registros de la propiedad "supondrá en las zonas rurales un elemento más que les dificultará la vida, así como una nueva carga económica para sus habitantes, reforzando el absoluto abandono y olvido de dicho medio por parte de los gobiernos del Partido Popular".

Además, la propuesta que se eleva al pleno apunta que distintos trámites que el ciudadano se ve obligado a hacer a lo largo de su vida, como son las inscripciones de nacimientos, matrimonios o defunciones, dejarán de ser gratuitos.

Con la reforma, estos pasan de ser gestionados por funcionarios públicos y jueces a ser controlados por "uno de los cuerpos profesionales más privilegiados del país", los Registradores de la Propiedad, que obtendrán con ello un lucro personal que no redundará en las arcas públicas.

Convertirlo en negocio

El grupo socialista de la DPH ha sostenido que el proyecto de reforma de los Registros tiene como finalidad "convertir un servicio público en un negocio" ya que, la adjudicación de dicho servicio al cuerpo de Registradores sin ningún tipo de concurso se hace, tal como reconoce el preámbulo, "para mitigar la caída de ingresos sufrida por los registradores a causa de la disminución de transacciones inmobiliarias".

"Este hecho resulta aún más escandaloso si se tiene en cuenta la vinculación profesional y personal de algunos de los miembros del Gobierno y su entorno inmediato con dicho cuerpo de profesionales", ha recalcado el grupo.

Desde el PSOE se considera una "auténtica tropelía" esta reforma que, "lejos de buscar la necesaria reforma y modernización de la Justicia, persigue cambiar el modelo de servicio público favoreciendo el negocio privado".