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Alós dice que la ordenanza cívica controlará la mendicidad de redes organizadas

La alcaldesa de Huesca asegura que la Ordenanza de Convivencia Ciudadana que entró en vigor el 1 de mayo en la capital oscense no pretende "echar a los mendigos de las calles".

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La alcaldesa de Huesca, Ana Alós, asegura que la Ordenanza de Convivencia Ciudadana que entró en vigor en la capital oscense el pasado 1 de mayo no pretende erradicar la mendicidad en la ciudad "echando a los mendigos de las calles". Así, ha insistido en que la norma únicamente contempla que se controlará la mendicidad asociada a redes organizadas o a la explotación de menores.

Alós ha recordado que el Ayuntamiento de Huesca ya tuvo que actuar meses atrás ante la presencia de una banda organizada que fue desapareciendo tras alertar a la población de que estas personas no tenían tales necesidades.

"Cuando haya problemas de salubridad, de violencia o de presión hacia los ciudadanos es cuando se puede llegar a actuar, la ordenanza únicamente dice eso. No es que vayamos a echar a los mendigos", ha indicado Alós.

La alcaldesa ha querido dejar claro que la intención del Ayuntamiento es que todas las personas cuyas necesidades les obliguen a vivir en la calle sean derivadas a los servicios sociales y, junto a las entidades destinadas a ese fin, puedan asistirles.

En este sentido, ha remarcado que se han reforzado las políticas sociales en el ámbito municipal y se ha incrementado la colaboración con organizaciones como Cáritas, Cruz blanca o el Banco de Alimentos para dotar a estos colectivos de más recursos. Si aun así no fuera suficiente, Alós ha recordado el trabajo de la Mesa de Inclusión destinada a este fin.

La nueva ordenanza que entró en vigor el primero de mayo solo recoge la posibilidad de multar a los mendigos que coaccionen, acosen u obstaculicen el tránsito de ciudadanos, con cuantías que oscilan entre loas 100 y los 300 euros. Los que pongan en peligro la seguirdad de las personas serán sancionados con cantidades que van de 750 a 1.500 euros y cuando la actividad sea ejercida por menores o discapacitados, de 1.500 a 3.000 euros.

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