Mazazo para las arcas municipales
Una sentencia compromete las inversiones de Huesca para 2012
El Ayuntamiento debe gastar 4,3 millones en indemnizar a los propietarios de un polígono urbano afectados en un proceso de expropiación voluntario de los terrenos.
La orden de ejecución de una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Huesca a indemnizar a los propietarios de un polígono urbano en 4,3 millones de euros podría comprometer las inversiones municipales consignadas en el presupuesto de la institución para 2012.
Así lo ha asegurado en rueda de prensa la alcaldesa de la capital altoaragonesa, Ana Alós, quien ha expresado su intención de negociar con los propietarios del suelo un pago fragmentado en plazos "razonables" ante la falta de capacidad del consistorio de acudir a operaciones de crédito para hacer frente a la deuda.
La orden de ejecución fue comunicada esta semana al Ayuntamiento de Huesca por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) tras un largo proceso que iniciaron los propietarios del denominado Polígono 32 al solicitar el inicio de un proceso de expropiación voluntario de los terrenos.
La valoración inicial de los técnicos municipales, hecha en 1998, fue recurrida por los propietarios ante el TSJA, que en 2003 cifró el valor real en más de dos millones de euros.
Esta sentencia fue recurrida por el consistorio ante el Tribunal Supremo, que en 2007 ratificó la valoración hecha y volvió a remitir la causa al TSJA para su ejecución definitiva.
1,6 millones más en concepto de intereses
El tribunal aragonés cifra ahora la indemnización a abonar a los propietarios por las alrededor de 30 hectáreas que conforman el Polígono 32, calificadas como zona verde e incluidas en un área pendiente de urbanizar, en 2,6 millones de euros, pero incluye 1,6 millones más en concepto de intereses por los años transcurridos.
Alós ha insistido en que el Consistorio oscense carece en la actualidad de capacidad financiera para hacer frente al pago de esta indemnización, por lo que ha insistido en su voluntad de negociar tanto con los propietarios como con el propio tribunal un pago fragmentado.
Tras calificar la decisión judicial de "mazazo" para las arcas municipales, ha explicado que a esta deuda se suman otros cuatro millones a devolver al Estado en los próximos 5 años por los anticipos recibidos.
La responsable municipal, que ha insistido en la voluntad de su equipo de afrontar esta situación con "responsabilidad", ha advertido, sin embargo, de que si el tribunal no acepta la negociación y ordena el pago inmediato e íntegro de la indemnización, el consistorio se vería obligado a modificar sus presupuestos, recientemente aprobados, y anular las inversiones consignadas.
Este escenario supondría la eliminación de la práctica totalidad de las inversiones previstas, alrededor de 8 millones de euros, ya que una parte de dichas partidas se adscriben a gastos ya comprometidos.
Alós ha responsabilizado al anterior equipo de gobierno municipal socialista de no haber consignado en 2003 los 2 millones de euros en los que fueron valorados los terrenos por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ya que los intereses no se habrían acumulado y no sería necesario ahora destinar nuevos recursos para el pago de la indemnización.
La alcaldesa ha advertido, además, que el consistorio está a la espera de otras tres órdenes de ejecución de sentencia que también incidirán de forma negativa, aunque en menor medida, en las arcas municipales.
