RESCATES EN MONTAÑA

Cataluña ha empezado a cobrar rescates por imprudencias, pero Aragón ni se lo plantea

En un caso fue un esquiador que causó un alud fuera de pistas y en otro 4 jóvenes que cruzaron un acceso cerrado.

Operación de rescate en Boi TauIl, en el Pirineo catalán, con intervención de los Bomberos.
Cataluña ha empezado a cobrar rescates por imprudencias, pero Aragón ni se lo plantea
J. DE MONER/SEGRE

El repunte de las imprudencias cometidas este año en la montaña ha vuelto a reavivar el debate sobre el cobro de los rescates. En Cataluña ya se han cobrado algunas operaciones de salvamento donde hubo comportamientos negligentes, pero en Aragón ni siquiera se plantea esta posibilidad. Francisco Bono, consejero de Economía y ex presidente del grupo Aramón, expuso hace unas semanas una opinión personal a favor de cobrar estas operaciones de auxilio «en determinados casos». Sin embargo, pocos días después el consejero de Interior, Antonio Suárez, descartó que el Gobierno de Aragón estuviera considerando cobrar «ni nada por el estilo». Fuentes de su departamento indicaron que «es muy complicado delimitar cuando un accidente de montaña se debe a una negligencia o no».


Los rescates en Cataluña los realizan los bomberos, que son los que pasan la factura, como hace cualquier cuerpo de este tipo con los incendios u otros incidentes imprudentes. Pero en Aragón los auxilios en montaña corren por cuenta de la Guardia Civil, que nunca cobra sus operativos. Los agentes van acompañados por equipos sanitarios sufragados por la DGA. Según precisó el departamento de Política Territorial e Interior, los servicios médicos de apoyo, lo mismo que la atención sanitaria posterior, no se repercute en ninguna comunidad autónoma española, tampoco en Cataluña.


Esta comunidad fue pionera en la aprobación de una normativa en 2009 para sancionar a aquellos montañeros que tuvieran que ser rescatados por comportamientos negligentes. Pero desde entonces, la Generalitat solo ha aplicado estas tasas en dos ocasiones, según confirmó Sebastián Massagué, jefe de los grupos operativos especiales de los bomberos.


Curiosamente, ambos auxilios se produjeron el 13 de marzo. En uno de ellos, un esquiador quedó sepultado en la estación de Masella por un alud que alcanzó a otras tres personas cuando esquiaba fuera de pistas. Se movilizaron 35 efectivos de Bomberos, 10 vehículos y 2 helicópteros, por lo que el importe de la factura ascendió a 18.183,22 euros. La sanción, sin embargo, está recurrida.


Sí que han pagado ya 169,27 euros por persona otros cuatro jóvenes que tuvieron que ser evacuados tras quedar rodeados por el agua cuando intentaban cruzar el río Muga por un acceso prohibido (se había cerrado el paso por una crecida del caudal) para eludir un control de alcoholemia. En este caso intervinieron 9 agentes de Bomberos y 5 vehículos.


Sebastián Massagué explicó que ambos casos se ajustaban a uno de los tres supuestos legales «por hacer una actividad en zonas señaladas como peligrosas». Los otros dos son pedir auxilio injustificadamente y no llevar el equipamiento necesario. Ahora, el nuevo Gobierno quiere convertir las tasas en sanciones.


El jefe de los grupos operativos especiales de los bomberos aseguró que en las otras 515 operaciones contabilizadas este año «no tenemos datos para decir que son susceptibles de aplicar estas tasas porque han sido meros accidentes». Massagué recordó que un año antes de que entrara en vigor esta ley se lanzó una campaña informativa y se entregaron facturas simuladas «para que las personas rescatadas supieran que no había un afán recaudatorio, sino para sensibilizar a la gente de que siguiera los consejos básicos para preparar una actividad de montaña e hiciera caso de las señalizaciones».


De momento, el temor a tener que pagar ha provocado ya un descenso del 10 por ciento de las búsquedas de personas desaparecidas, especialmente de los buscadores de setas. «Antes nos llamaban al mediodía porque se habían perdido y al final resultaba que lo que pasaba es que tenían prisa porque tenían que ir a comer. Y después de 10 años en los que subieron exponencialmente, de 150 a más de 450, en 2010 tuvimos ya una bajada y lo achacamos a las tasas, además del esfuerzo que se ha hecho por dar consejos de seguridad», destacó Massagué.