El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha rechazado acusar de prevaricación a dos ex alcaldes de Sariñena , Antonio Torres (PP) y Lorena Canales (PSOE), denunciados por un vecino de la localidad en relación a una licencia de explotación de una granja de porcino.

Así se ha puesto de manifiesto en la sesión inicial del juicio contra estos dos representantes políticos, ambos aforados como miembros electos de las Cortes de Aragón, y que también ha sentado en el banquillo a un ex concejal del PAR de Sariñena y a un antiguo secretario del consistorio.

Los cuatro acusados se han enfrentado a las acusaciones por presunta prevaricación, desobediencia a la justicia y falsificación documental hechas por el representante legal de un vecino de Sariñena, ex concejal del PAR al producirse los hechos, que denunció ser víctima de las actuaciones de los encausados.

Acusación particular

Según la acusación particular, los acusados obraron presuntamente de mala fe en el proceso administrativo que se llevó a cabo entre 2003 y 2006 para la concesión y posterior denegación de una licencia de explotación de una granja de porcino.

En paralelo a esta actuación, el Ayuntamiento de Sariñena autorizó la instalación de otra granja de porcino en las inmediaciones de los terrenos del denunciante.

Según la acusación particular, el consistorio ignoró una solicitud de modificación de la licencia dada al denunciante que hubiera impedido la apertura de la granja de su vecino al estar situada a una distancia inferior a los dos kilómetros.

En respuesta a estas acusaciones, el ex alcalde Antonio Torres, portavoz del PP en las Cortes de Aragón, ha asegurado al tribunal que todas las decisiones se adoptaron a la vista de informes previos de los técnicos municipales y de la Comisión de Ordenación del Territorio.

Ha añadido que el Ayuntamiento de Sariñena decidió finalmente revocar la licencia dada inicialmente al denunciante al superar ampliamente el plazo de un año dado para iniciar las obras.

Torres ha admitido que el consistorio evaluó en esas fechas todas las licencias solicitadas de explotaciones ganaderas ante la sospecha de que algunas peticiones se realizaran con el fin exclusivo de impedir la apertura de granjas próximas junto a sus propiedades.

Para el parlamentario, "hay que ser muy rebuscado para pensar que tres representantes políticos del PP, PSOE y PAR, que no se ponen de acuerdo para unos presupuestos, lo hagan para perjudicar a un solo vecino".

La vista se reanudará mañana con las declaraciones de Lorena Canales y del ex concejal del PAR encausado.

La acusación particular solicita penas de inhabilitación de 9 años para los cuatro acusados y multas de 9.000 euros por los delitos de prevaricación y desobediencia, así como de 5 años de prisión para Lorena Canales y el ex secretario de la corporación por falsedad documental.

Reclama, además, una indemnización para su cliente de 483.000 euros, y la declaración del Ayuntamiento de Sariñena como responsable civil subsidiario en el pago.