Torres (PP) y Canales (PSOE) se enfrentan a penas de prisión por presunta prevaricación

El portavoz del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Antonio Torres, y la diputada en el parlamento autonómico Lorena Canales (PSOE), ambos ex alcaldes de Sariñena en los dos últimos mandatos respectivamente, se enfrentan a penas de prisión e inhabilitación para cargo público. Los políticos están acusados de tres presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y desobediencia judicial como consecuencia de una querella presentada por un vecino de Sariñena y ex concejal del PAR por la concesión de una licencia para una explotación porcina. El día 21 de septiembre comienza el juicio.

El tribunal de la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) -que lleva el caso por la condición de aforado de Torres- ha decidido que se celebre el juicio, que se prolongará durante cuatro jornadas, hasta el lunes 26 en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Habrá vista oral a pesar de que el fiscal de la Comunidad Autónoma de Aragón solicitara "el sobreseimiento de la causa y archivo definitivo". El fiscal consideró que los hechos objeto de la querella "no son constitutivos de delito" y que "ninguno de los imputados ha cometido los delitos objeto de la querella". Por ello, se enfrentan únicamente a la acusación particular que solicita penas distintas en cada caso.

El vecino no solo presentó la querella contra Antonio Torres y Lorena Canales sino también contra el ex secretario municipal, Pedro Martínez, y el ex concejal del PAR, Rafael Alastrué -este último tuvo las competencias de Urbanismo en el inicio del mandato de Canales (2007-2011)-, que también están acusados. Todos ellos prestarán declaración ante el juez el 21 de septiembre, en la primera sesión del juicio. El resto de los días se han reservado para la comparecencia de los testigos, que suman en torno a una docena.

La querella interpuesta por el denunciante contra los cuatro acusados se basa en el incumplimiento de una sentencia de 2005. El demandante, con cinco fallos judiciales a su favor en seis años -entre los mandatos de Torres y Canales-, sigue sin obtener la licencia para construir una granja porcina que ya solicitó en 2001.