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Huesca
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DESACUERDOS

Los pequeños propietarios presentan nuevas alegaciones contra la operación harineras

Piden que el Ayuntamiento valore el contenido actual de las dos fábricas que ya han empezado a derribarse.

El derribo de las harineras ya está en marcha, pero todavía quedan algunas sombras sobre la operación urbanística más importante de Huesca en los últimos años, ya que supondrá la transformación del centro de la ciudad, donde está el polígono de 8 hectáreas en el que se construirán 1.300 viviendas. Hace tres años que el Ayuntamiento firmó con los propietarios del suelo un convenio para el desarrollo de este terreno. El 89% del suelo es de cuatro grandes propietarios, pero el resto se reparte en parcelas de menor superficie. Los pequeños propietarios no están de acuerdo con todas las condiciones que impone el plan urbanístico.

Coincidiendo con el cumplimiento del plazo para demoler las dos fábricas de harina, Porta y Villamayor y la presentación del proyecto de derribo, estos propietarios presentaron alegaciones solicitando al Ayuntamiento que comprobara el valor de lo que había en las fábricas de cara al pago de las indemnizaciones. Según comentó el abogado Pedro Rubio, «no saben lo que van a tirar porque se han llevado todo». «No tiene el mismo valor una fábrica equipada que una carcasa», dijo.

En sus alegaciones también denuncian que la Junta de Compensación, donde los propietarios reparten cargas y beneficios, todavía no tiene personalidad jurídica porque el Ayuntamiento aún no ha aprobado el programa de compensación. Al parecer, el escollo está en que la junta quiere pagar en suelo en lugar de en metálico el aval para garantizar las obras de urbanización.

Compás de espera

Pedro Rubio señaló que la demolición de las dos fábricas (23.000 metros cuadrados) se considera un gasto de urbanización (615.000 euros) que paga la Junta de Compensación, que no está constituida legalmente, insistió. «Además, los pequeños propietarios deben asumir una carga que no es real porque no saben lo que están tirando», añadió el abogado.

Jesús Gracia, propietario de uno de los negocios en funcionamiento en el polígono de las harineras, insistió en que el Ayuntamiento debe cotejar las existencias actuales de las fábricas porque «no vale lo mismo con 10 vagones de hierro que con dos».

Gracia, junto a otros cuatro empresarios y un despacho de abogado, podrá permanecer en su actual ubicación hasta el año 2014 o hasta el inicio de las obras de urbanización, cuando se derriben todas las naves que rodean las harineras. Su salida se hará previo pago de las correspondientes indemnizaciones, que oscilan entre los 112.000 y los 291.000 euros. Según el convenio inicial, las cinco pymes y la gestoría tenían que abandonar sus locales, casi todos ellos en propiedad, al mismo tiempo que las harineras (en marzo de 2011), pero consiguieron una prórroga, la misma que el Ayuntamiento había dado a los grandes propietarios y promotores del polígono. La petición de estos se asentó en la situación de crisis que a principios de 2009 sufría ya el mercado inmobiliario y que echó por tierra todos los cálculos económicos realizados.

Las dificultades para acometer nuevas inversiones fue también el argumento esgrimido por las seis pequeñas empresas para quedarse en su sitio hasta que se empiece a urbanizar, que, tal y como están las cosas, no será antes del año 2014. «Mientras, seguimos funcionado dentro de lo normal porque los derribos, de momento, no molestan», comentó Jesús Gracia.

La demolición ha empezado en las dos harineras a la vez. Sendas máquinas tiran los edificios y construcciones de menor altura, ya que los silos serán lo último en derribarse, aproximadamente en un mes. Los empresarios del polígono consideran, no obstante, que el auténtico foco de deterioro no está en las fábricas que se tiran sino en algunas naves en desuso y en en la antigua tripería, zonas rodeadas de maleza y basura por donde campan las ratas.

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