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MACROCOMPLEJO DE OCIO

Gran Scala aplaza el pago de las tierras mientras pide «apoyo» al nuevo gobierno

La promotora ILD anula la cita del día 28 con la excusa de conocer la «predisposición» de la DGA hacia el proyecto.

Gran Scala aplaza el pago de las tierras mientras pide «apoyo» al nuevo gobierno
RAFAEL GOBANTES

Una y otra vez la promotora ILD del gran complejo de ocio y juego Gran Scala diseñado para Ontiñena se saca un comodín de la manga para retrasar la presentación del proyecto del que aspira a ser el mayor parque de Europa. Pero ahora va más allá y pide, por segunda vez en este año, aplazar su compromiso de pago con los propietarios de las tierras. El abono del 2% del precio de los terrenos previsto para el martes 28 de junio se pospone al menos hasta mediados de julio. En este tiempo, la empresa impulsora ILD (International Leisure Development) confía en mantener una reunión en los nuevos responsables políticos del Gobierno de Aragón para tantear su postura con respecto al proyecto y reclamar su «apoyo». Ahora tiene otro compañero de partida.

«Intentaremos concertar las reuniones que haya que mantener para ver la predisposición de los nuevos cargos hacia el proyecto. Lo importante es conocer el entorno político y la postura de los nuevos », asegura el abogado de la promotora, Eduardo Aguirre. De hecho, apunta que el jueves mantuvieron una reunión en París precisamente para determinar los pasos a dar para la consecución de su plan. «El próximo hito es la reunión con el nuevo gobierno y entiendo que tiene que tener lugar antes del 15 de julio para que puedan cobrar los propietarios», comenta.

Sin embargo, la futura presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi (PP) desde la cita con las urnas del pasado 22 de mayo todavía no se ha pronunciado con respecto a este asunto. Aunque no quiere hacer declaraciones hasta después de su investidura, el alcalde de Ontiñena, Ángel Torres, de su misma formación política y uno de los mayores defensores del proyecto, insistió ayer en que Rudi «siempre ha dicho que si había inversión, lo apoyaría».

No obstante, no parece necesario que ILD tenga que tener el beneplácito político cuando existe la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, aprobada expresamente por el parlamento aragonés hace dos años tras la aparición de este proyecto, que hay que cumplir. A este respecto, «hay un marco legal que hay que respetar, eso es cierto, pero obviamente tenemos que tener el apoyo de las autoridades públicas», insiste Aguirre.

Pero los plazos son demasiado ajustados para cumplirse cuando los días 12 y 13 de julio se celebrará el pleno de investidura de Luisa Fernanda Rudi como presidenta de Aragón. En principio, «antes de que acabe la primera quincena de julio hablaremos también con todos los propietarios y el alcalde», asegura Aguirre que espera para entonces contar con el «apoyo» del Gobierno de Aragón antes de abonar el 2% del precio de las tierras. Ya avisaron del retraso al alcalde, que a su vez lo ha comunicado a los propietarios. Estos últimos, desde que se firmó la opción de compra en febrero de 2009 han recibido ya en torno a 1,25 millones de euros.

Fue el pasado 6 de junio cuando este mismo portavoz de ILD aseguró que el día 28 se pagaría el 2% de las tierras, pero en solo unos días la promesa se ha roto. En este segundo plazo de la prórroga del contrato de la opción de compra que se firmó en febrero (entonces también se cobró con retraso), la promotora tenía que abonar algo más de 200.000 euros así como algún cheque que quedó pendiente hace tres meses. Aquel retraso supuso un antes y un después en un proyecto que ya había incumplido muchos plazos pero que nunca había fallado en el pago. En ese momento, también se puso fecha a la renuncia del proyecto pero ahora ya no se piensa en eso sino en conseguir el «apoyo» de la DGA.

No obstante, el abogado de ILD, Eduardo Aguirre, insiste en que el proyecto de Gran Scala «sigue adelante». Así lo aseguró a principios de mes después de informar de que habían firmado varios contratos con inversores que les garantizan liquidez suficiente para pagar los 3 millones de aval que exige la ley al presentar el proyecto y para acometer la primera fase del mismo cifrada en 500 millones de euros y así lo corrobora ahora. «Entendemos que el aspecto financiero está muy adelantado. Nos falta saber las atenciones políticas que nos puedan dar», reitera. A continuación, apunta que solo les toca respetar la ley.

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