Ayuntamientos de Huesca y Lérida anuncian alegaciones contra la línea de alta tensión

Graus, Tolva o Fonz son algunos de los ayuntamientos afectados por la futura línea de alta tensión Peñalba-Monzón-Isona de 400 kV que ya han anunciado que presentarán alegaciones en contra del trazado. El área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huesca publicó el anuncio el pasado jueves día 19 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para someter a información pública la autorización y la declaración de impacto ambiental de la línea y las estaciones que conlleva. Los afectados disponen de 30 días para presentar las alegaciones medioambientales. Este plazo coincide en parte con el tiempo de constitución de los ayuntamientos por lo que tanto desde la Diputación de Huesca como desde la comarca leridana del Pallars denuncian que «no es casualidad» y que «se juega al despiste».

La línea de transporte de energía eléctrica, con una longitud de 147,372 kilómetros, aprovecha las pilonas colocadas en los años noventa para las antiguas líneas Aragón-Cazaril y Graus-Sallente, que descartaron sendas sentencias del Tribunal Supremo. Los daños ambientales son motivos de rechazo, pero en algunos casos también se alegará por las posibles afecciones a la salud dada la proximidad a núcleos habitados.

No obstante, la oposición se mantiene en los núcleos situados al norte de Monzón, donde se construirá la subestación de Arnero, como Fonz, Graus, Capella, Lascuarre, Tolva o Puente de Montañana. Sin embargo, en los del sur como Peñalba, Villanueva de Sijena u Ontiñena, se considera una infraestructura necesaria para el desarrollo de industrias y regadíos.

De los más de 147 kilómetros, 119,425 atraviesan la provincia de Huesca por un total de 17 municipios mientras que los 27,947 kilómetros restantes se encuentran ya en cinco municipios de Lérida. En total, supondrá una inversión de 120 millones de euros, según se publica en el BOE. Aunque todavía no han recibido la documentación en los ayuntamientos, a pesar de que el plazo ha empezado a contar, desde ambas provincias ya han anunciado que se presentarán consideraciones medioambientales.

El diputado provincial Francisco Mateo, representante de los ayuntamientos altoaragoneses en la comisión de estudio creada con la Diputación de Lérida para hacer el seguimiento de la línea, calificó ayer como «una barbaridad» que la publicación coincidiera con las elecciones. No obstante, insistió en que la postura de «oposición» al proyecto se mantiene y que ayudarán a los ayuntamientos a presentar sus alegaciones. En Lérida también se ha considerado el anuncio en estas fechas como «inoportuno». Así lo explicó ayer el presidente de la comarca del Pallars Jussá, Xavier Pont, que se plantea reclamar la ampliación del periodo de alegaciones por coincidir con la constitución de los ayuntamientos. De hecho, ahora esperan recibir la documentación para reunirse y plantear una propuesta conjunta.

En la provincia de Huesca, aunque varios municipios se encuentran inmersos en un proceso de cambio, los alcaldes en funciones estiman que se mantendrá la «oposición frontal» al trazado porque en muchos casos había unanimidad entre los grupos. Es el caso de Graus donde el PP ha aventajado por unos votos a la alcaldesa socialista, María Victoria Celaya. Esta última asegura que se presentarán las alegaciones en dos sentidos. Por un lado, por el daño al «paisaje», que es uno de los recursos económicos de la zona y, por otro, por la proximidad a los núcleos de Pueyo de Marguillén y La Puebla de Mon, donde hay pilonas a medio kilómetro de casas habitadas.

Por su parte, el alcalde en funciones de Fonz, Enrique Badía, donde habrá cambio de gobierno, también anticipó que se presentarían alegaciones. En el mismo sentido se pronunció su homólogo en Tolva, Rafael del Pino, que ya no se presentó a la reelección aunque el PSOE ha vuelto a ganar. «Nosotros presentaremos alegaciones medioambientales y por un error de forma», ya que estima que las pilonas de las antiguas líneas deberían haberse retirado. No obstante, denuncia que el Gobierno «no hace nada para pararlos».