Han adelantado 25.000 euros por un piso de protección oficial y están pagando una hipoteca, pero las obras de sus casas llevan medio año paradas y la constructora está en concurso de acreedores. Esta es la situación que comparten los adjudicatarios de las 117 VPO que Bruesa promovió en el polígono de Artillería de Huesca y que ayer celebraron una asamblea en el salón de actos de Cruz Roja. Hasta ahora su punto de encuentro había sido un foro de Internet y, aunque ya han mantenido alguna otra reunión, la de ayer fue la más multitudinaria.

«Vivimos en una situación de gran incertidumbre», señaló Marcos Alvira, uno de los afectados. Por eso, lo que intentan es tener el máximo de información y que llegue al mayor número de personas. De momento saben que Bruesa Construcción está en concurso de acreedores y Bruesa Inmobiliaria, en preconcurso, por lo que «la cuestión se está complicando», aunque tendrán que esperar a que se cierre el paréntesis legal para saber qué pasa con las deudas de las dos empresas.

A la firma del contrato, los adjudicatarios adelantaron el 20% del valor del piso, lo que supone una media de unos 25.000 euros. «Algunos tendrían sus ahorros, pero la mayoría recurrimos a una hipoteca, que ahora estamos pagando sin saber si tendremos la casa», comentó uno de ellos. Las obras están paradas desde hace meses, pero esta semana se han llevado los puntales y otros materiales de construcción.

Sin tutela de la DGA

No faltaron reproches a la DGA porque piensan que no los está tutelando. «Nos sortearon en un bombo de la DGA y firmamos el contrato pensando en que había una tutela, que esto no podía fallar», comentó Marcos Alvira ante un auditorio de unas 200 personas, adjudicatarios directos y familiares, la mayoría jóvenes.

La respuesta de la DGA hasta el momento ha sido «cero». Han conseguido reunirse con el alcalde, Luis Felipe, que se comprometió a mediar ante el departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. El mensaje que les ha transmitido es que la DGA no se puede comprometer a nada porque la situación legal de las empresas aún no está clara.

Hace unos días el consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, declaró que «desde el Gobierno de Aragón estamos en contacto tanto con la empresa como con la entidad financiera, la CAI, y sabemos que ambas están en la mejor disposición, que están avanzando en una solución y que nosotros estamos detrás intentando ayudarles a resolverlo». Además, quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los afectados «porque la situación administrativa es un poco compleja pero se va a solucionar porque tanto la empresa como la entidad financiera están interesadas en resolverla».

Sin embargo, los adjudicatarios no pueden sentirse tranquilos. De momento, dicen, «estamos a la espera de ver lo que pasa, pero al menos queremos estar preparados para afrontarlo».