Juicio por tráfco de drogas

El fiscal pide que se rebajen las imputaciones a los policías de Jaca

La Fiscalía considera que un presunto encubrimiento «no se ajusta a la valoración penal a aplicar», y pide condenas menores

Fachada de la comisaría de Jaca
El fiscal pide que se rebajen las imputaciones a los policías de Jaca
LAURA ZAMBORAIN

La Fiscalía de Huesca ha presentado un recurso contra el procesamiento del jefe de la comisaría de Jaca y seis agentes, así como del propietario de un pub de la localidad acusado de tráfico de drogas, al considerar que la gravedad de los hechos, presunto encubrimiento, no se ajusta a la valoración penal a aplicar a los delitos imputados.


El recurso del fiscal plantea que el procedimiento no se tramite como un sumario ordinario, con penas superiores a los 9 años de prisión, sino como uno abreviado, con condenas inferiores y ajustadas al Código Penal que estaba en vigor cuando se produjeron los supuestos hechos.


El ministerio público, que sigue la línea argumentativa del recurso interpuesto por el abogado del propietario del bar jaqués, el letrado Enrique Trebolle, considera errónea la decisión del instructor de aplicar el Código Penal reformado, cuya entrada en vigor se produjo en diciembre de 2010.


Para el fiscal, la aplicación del artículo 369 bis del Código Penal reformado, que contempla penas de hasta 12 años para inculpados de pertenecer a una organización delictiva, no se ajusta a derecho ya que el instructor debía haber optado por aplicar las tipificaciones «más beneficiosas para el reo».


Así, considera que el juez tenía que haber valorado los hechos con arreglo al Código Penal que estaba vigente cuando se produjeron los supuestos hechos delictivos, que no gravaba las condenas por pertenencia a organizaciones delictivas.


La Fiscalía asegura, además, que las imputaciones del instructor en relación a la supuesta trama denunciada «no tienen una entidad suficiente para catalogarlas más allás de meros indicios, suficientes en una fase de investigación pero insuficientes en una valoración final a la hora de formular una eventual acusación».


Destaca, asimismo, que de las pruebas practicadas no se puede deducir que el propietario de establecimiento jaqués fuera el jefe de una organización criminal, del que partieran instrucciones directas.


Sostiene también que en los antecedentes policiales del dueño del bar por otros hechos anteriores «en ellos no aparece mención alguna de las personas posteriormente imputadas y que presumiblemente pudieran formar parte de esa organización».


La Fiscalía no se pronuncia, sin embargo, sobre los cargos imputados a todos los encausados y se reserva la posibilidad de acusar o de pedir el archivo de la causa en el trámite procesal previo a la apertura de juicio oral.


El relato incluido por el instructor en sus autos de procesamiento señala que los primeros hechos se produjeron, presuntamente, en julio de 2008, mes en el que los policías encausados habrían orquestado una coartada para encubrir al dueño del bar, detenido por otros agentes por supuesta venta de cocaína.


El juez de Jaca instructor del caso, Ángel de Pedro, que se ha acogido a un traslado, sostiene que estos funcionarios llegaron, presuntamente, a falsear un atestado.


Según el juez, los agentes actuaron «faltando a la verdad en la narración de los hechos, creando artificiosamente una coartada para el denunciado», el propietario del bar.