El secretario municipal y el abogado José Manuel Aspas explicaron ayer durante casi dos horas a los portavoces del Ayuntamiento de Huesca los detalles de la sentencia dictada la semana pasada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que rebajó sustancialmente la sanción de 3 años y 6 meses de suspensión de empleo y sueldo contra el jefe de bomberos, Jacobo Morlán.

El fallo estimó parcialmente el recurso de Morlán y anuló la sanción más grave de 3 años y 1 día impuesta por un presunto incumplimiento de las órdenes dictadas por el entonces edil de Seguridad Ciudadana y ahora alcalde de Huesca, Luis Felipe. El juez considera que el concejal no apreció «directamente» la voluntad «decidida y firme» de no cumplir la órdenes, «sino que las dedujo de 15 ó 20 conversaciones imprecisas y reuniones que se dispersaron a lo largo de casi cuatro años». Por ello, afirma que el ayuntamiento no valoró correctamente la prueba «porque una cosa es el incumplimiento de funciones y otra distinta es la desobediencia de las órdenes de un superior».

Por contra, el fallo confirma las otras cuatro sanciones impuestas por el consistorio que conllevan 6 meses de suspensión de empleo y sueldo: tres infracciones graves por incumplir funciones de la jefatura, no usar el uniforme y ceder vehículos a otros servicios de emergencias, y una leve por no controlar las tasas de formación.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces, el Ayuntamiento de Huesca emitió ayer un escueto comunicado informando de que «la decisión de recurrir o no la sentencia se adoptará en Junta de Gobierno Local», que está convocada para el lunes. Los grupos de la oposición tampoco quisieron valorar por el momento las consecuencias del fallo. No obstante, fuentes municipales aseguraron que el secretario y el abogado del caso ven, a priori, posibilidades para recurrir la sentencia . El plazo acaba el 25 de febrero.

Abierta una causa penal

Por otra parte, el Juzgado nº 2 de Huesca sigue instruyendo la causa penal por el expediente disciplinario de Jacobo Morlán que el Ayuntamiento de Huesca envió hace casi un año a la Fiscalía por presuntas irregularidades administrativas en la gestión del servicio. Fuentes judiciales indicaron ayer que el fiscal apreció en su día indicios de presuntos delitos de falsificación de documentos y malversación.