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Huesca
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BOMBEROS

La junta de portavoces analiza hoy la sentencia del jefe de bomberos

El Ayuntamiento de Huesca decidirá si recurre el fallo judicial que obliga a reincorporar a su puesto al trabajador.

El alcalde de Huesca, el socialista Luis Felipe, ha convocado para hoy a las 14.00 a los portavoces del resto de los grupos políticos para analizar la sentencia del juez de lo Contencioso-administrativo que obliga a restituir de forma inmediata al jefe de bomberos a su puesto.

En febrero del año pasado, Jacobo Morlán fue objeto de una sanción administrativa de 3 años y 6 meses sin empleo ni sueldo por incumplir órdenes del entonces concejal de Seguridad Ciudadana y ahora alcalde. El afectado recurrió y el fallo judicial, que se di a conocer el viernes, rechaza parcialmente el decreto de Alcaldía sobre la propuesta de sanción que hizo el secretario municipal tras instruir un expediente de 6.000 folios. El Ayuntamiento tiene de plazo hasta el 25 de febrero para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pero, en todo caso, debe reincorporar a su puesto a Morlán.

Como ya hizo el anterior alcalde, el también socialista Fernando Elboj, durante la instrucción del expediente disciplinario abierto al trabajador, los portavoces del PP, CHA e IU analizarán conjuntamente con el equipo de gobierno PSOE-PAR los términos del auto judicial. Los concejales fueron convocados vía telefónica el mismo viernes por la noche. En aquel momento no se conocían los detalles de la sentencia, por lo que el alcalde eludió pronunciarse sobre la misma a la espera de estudiarla conjuntamente con los servicios jurídicos. Lo mismo hizo el resto de portavoces.

El juez, a partir del recurso, ha anulado la sanción de 3 años y 1 día de suspensión de empleo y sueldo por la comisión de una infracción muy grave como era el incumplimiento de las órdenes emanadas del concejal de Seguridad Ciudadana y la Alcaldía. Según el auto, la desobediencia que aprecian los responsables municipales «se deduce de una percepción de declarante (Luis Felipe) a partir de conversaciones o reuniones, entre 15 o 20, durante casi cuatro años». La sentencia reconoce que hay «un elemento subjetivo y que el principio de presunción de inocencia exige a la administración aportar las pruebas de la comisión y autoría de los hechos.

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