Intencionalidad o solo imprudencia

Las estrategias de la defensa de Víctor Manuel Gómez Rivero y de las acusaciones del caso de la Manhattan se diferencian en que mientras el abogado Javier Notivoli argumenta que el atropello mortal se debió a una imprudencia "gravísima" de su cliente, el fiscal y los abogados de las víctimas consideran que hubo "dolo eventual", es decir, que el acusado asumió la posibilidad "real" de que circulando a 110 kilómetros por hora y en las condiciones físicas que iba (dio positivo en alcohol y en drogas), podía causar el grave daño que al final provocó. La diferencia es fundamental ya que, por ejemplo, un homicidio por imprudencia está castigado por el Código Penal con una condena de 1 a 4 años de prisión, mientras que si se reconoce el dolo, la pena se elevaría a 10 años.

El móvil de la 'venganza'

En las dos sesiones que se han celebrado hasta ahora del juicio, este posible móvil parece haber quedado ya descartado por completo. El acusado y un amigo que le acompañó a la Manhattan a las 0.00 de aquella noche, seis horas antes del siniestro, han reconocido ante el tribunal que el portero no les permitió entrar al establecimiento porque iban vestidos con pantalones de chandal. Y aunque las acusaciones han insistido en preguntarles si era verdad que habían amenazado al vigilante con que volverían más tarde, los dos jóvenes han afirmado que en ningún momento se enfadaron. "Simplemente nos dimos media vuelta y ya está", han declarado. Una versión que no ha podido ser corroborada en el juicio por el mecionado portero ya que se encuentra en paradero desconocido.

La hora de cierre de la discoteca.

En el juicio se ha 'deslizado' el argumento de que si la Manhattan no hubiera estado abierta aquel día, la tragedia no se habría producido. Antes del accidente, el establecimiento ya había acumulado 12 denuncias por exceso de horario porque ejercía como discoteca cuando en realidad solo tenía licencia para abrir como discobar hasta las 4.30. Tras el siniestro, el local siguió abierto y continuó acumulando denuncias. Al llegar a 50, el Ayuntamiento ordenó su clausura durante dos meses, aunque los responsables cesaron la actividad hasta la Nochevieja de 2009, último día que abrió. En este tiempo han intentado sin éxito legalizar su situación como discoteca y los empresarios de los polígonos han 'tumbado' en los tribunales la licencia de actividad que les concedió el consistorio.