Más de mil metros cúbicos de tierra removidos en menos de 24 horas para arrasar todos los restos neolíticos de la Cueva de Chaves. Así describe la Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) el expolio cometido en el coto de Bastarás, en Huesca, y confirma un dato que ya se sospechaba. Si bien los graves destrozos se denunciaron públicamente en 2009, según revela la asociación ahora, el "acto vandálico" se produjo a finales del mes de octubre de 2007, "aunque solo se tuvo conocimiento de él un año y medio más tarde".

El hecho de haberse removido tal cantidad de tierra consolida el temor del daño infligido. "Se arrasó casi al completo los niveles arqueológicos del neolítico. Al parecer, el material extraído se depositó en una finca próxima que ha sido roturada, pero que sepamos nada se ha comprobado sobre el depósito de los restos. ¿Acaso se han comercializado? No lo sabemos", apuntan.

Debido a los nuevos datos revelados, Apudepa ha presentado un escrito de pruebas en el proceso judicial abierto por el caso en el juzgado número 3 de Huesca y por el que están imputados actualmente el administrador y el apoderado de la empresa FIMBAS, propietaria del coto de explotación de caza de Bastarás. "Hemos solicitado que se incluya entre los imputados a Victorino Alonso, accionista mayoritario de la empresa, por su posible delito contra el patrimonio histórico. Este empresario es conocido en el ámbito español por supuestos delitos medioambientales en el norte del país", recalca Apudepa. Además, también reclaman las comparecencias del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, y del director general de Patrimonio Cultural, Alfonso Vicente, "para que respondan a una posible negligencia sobre sus responsabilidades inherentes en el ejercicio de sus cargos".

La denuncia se produce unas semanas después de que el Justicia de Aragón criticase la gestión del Gobierno aragonés en este caso y exigiera a ambos departamentos que actuasen "con diligencia y eficacia" para defender los intereses públicos afectados y preservar el patrimonio.