Era difícil que el PSOE, que gobierna en el Ayuntamiento de Huesca en coalición con el PAR, respaldara la propuesta del PP para instar a la empresa pública de recogida de basuras Grhusa a revocar el acuerdo de costear con sus fondos las costas de la demanda interpuesta en 2007 por uno de sus empleados contra dos concejales del PP y la entonces responsable provincial de CC.OO. En aquellas fecha el presidente del consejo de administración de Grhusa era el concejal socialista Germán Sanromán, hoy segundo teniente de alcalde. La expectación se centró en conocer los argumentos para justificar el voto en contra.

Ana Alós, portavoz del PP, fue demandada, junto con el entonces concejal del PP Roberto Bermúdez de Castro y la sindicalista Arancha García Carpintero por Francisco Hernando por un delito contra el honor al cuestionar el proceso de selección de este como jefe de Recursos Humanos de Grhusa. Hernando Perdió y fue condenado al pago de costas.

El PP desveló que la empresa estaba pagando estas costas y presentó una moción para que el ayuntamiento, con representación en el consejo de administración de Grhusa, revocara el acuerdo alcanzado en ese sentido. También pedía que se rechazara pagar con dinero público gastos de judiciales personales contra representantes públicos en el ejercicio de sus funciones. Fue necesario enmendar la moción porque el miércoles, el empleado de Grhusa comunicó al consejo que él se haría cargo de las costas y devolvería el dinero que ya había pagado la empresa.

Domingo Malo (PSOE) manifestó que, como sociedad anónima, Grhusa tiene un consejo de administración y que el trabajador al que se empezó a pagar las costas del juicio que perdió, no pertenece al ayuntamiento por lo que "el foro no es adecuado". "Es en el consejo donde el PP tiene que plantear sus dudas", precisó.

Y a este razonamiento se atuvo el PSOE, que no entró al debate y no respondió a las alusiones y envites desde la oposición sobre la gestión de lo público. El PAR consideró que todo estaba ya solucionado y el PP, que tuvo el apoyo de CHA y de IU, afirmó que el equipo de gobierno "no tiene argumentos para defender un juicio político y el uso de fondos públicos para llevar al banquillo al oponente".