Huesca. El anuncio del Gobierno central de restringir el crédito a los ayuntamientos hasta 2012 cayó el lunes como un jarro de agua fría en la mayoría de las corporaciones altoaragonesas. Y la rectificación de ayer, demorando la entrada en vigor de la medida hasta enero de 2011, provocó al mismo tiempo un respiro y no poco desconcierto sobre el alcance real que, finalmente, tendrá esta nueva restricción económica en las arcas municipales.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca sigue, como anteayer, a la espera de conocer las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para conocer cómo se tramitará y como tendrá que aplicarse el real decreto. El grupo del PSOE declinó de nuevo hacer valoraciones.

Ayer por la mañana, cuando la rectificación ya era pública, el responsable del área de Hacienda y futuro alcalde, el socialista Luis Felipe, y el portavoz del PAR y socio de gobierno, Fernando Lafuente, se reunieron para analizar tanto el contenido como las consecuencias de la nueva medida.

Lafuente no eludió pronunciarse sobre las nuevas restricciones y suscribió la declaración del PAR en la FEMP rechazando que se trate a todos los ayuntamientos por igual, sin tener en cuenta su nivel de endeudamiento, y abogando por una negociación con el gobierno central. El portavoz aragonesista en Huesca reconoció que el hecho de que la restricción no se aplique desde ahora sino desde el 1 de enero de 2011 "supone un respiro". En Huesca se está pendiente de suscribir un crédito de 1,4 millones para obras del plan Urban y del Feder, cofinanciados con fondos europeos.

El alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela (PSOE), indicó que la los técnicos analizan el decreto para conocer en qué forma y medida afecta al desarrollo municipal. "Deberemos ver la letra menuda. Supongo que nos afectará a todos por igual y deberemos de acatarla porque no hay otra vuelta de hoja", comentó.

El alcalde de Tamarite de Litera, el también socialista Francisco Mateo, explicó que "en este ayuntamiento las nuevas medidas de austeridad pueden influir muy negativamente, porque al no tener cerradas las operaciones de crédito para la financiación, pueden peligrar las obras previstas para este año". "De todas formas, no tenemos un nivel de endeudamiento alto y esperamos que se nos permita realizar la operación de préstamo", añadió. En su opinión, esto puede conllevar un parón de las obras y castiga más al que está poco endeudado que al que lo está mucho y genera un situación muy complicada".

Los técnicos del Ayuntamiento de Jaca también estudian el decreto. Después "se valorará y con todos los portavoces veremos cómo afecta al funcionamiento del ayuntamiento", dijo el alcalde, Enrique Villarroya (PSOE). Según apuntó, "habrá que analizar la previsión de futuro aunque en principio "no tendríamos que tener mayor dificultad". Igualmente reconoció que "igual hay que priorizar alguna inversión programada, pero ralentizando su ejecución en función de los recursos que tengamos"

En el Ayuntamiento de Benasque este año no se han suscrito préstamos, por lo que, en principio de momento el decreto no nos afecta nada", explicó el alcalde, Ignacio Abadías (PAR). No obstante, el edil reconoció que "este planteamiento del gobierno supone cortarnos el oxígeno a los ayuntamientos". El alcalde benasqués recuerda que la ley de financiación municipal es cicatera con las necesidades reales de los municipios y que este decreto no hace sino generar nuevos problemas a unas administraciones "especialmente maltratadas".

El Ayuntamiento aprobó en su último pleno solicitar un crédito de 900.000 euros para "conseguir liquidez ante eventuales necesidades", según dijo la alcaldesa, Victoria Celaya (PSOE). "Nos afectará, pero hasta no saber el alcance del dictamen no podemos hacer una valoración sobre sus consecuencias", comentaron desde el equipo de gobierno.