Visto bueno al plan para construir en Astún 847 viviendas y 420 plazas hoteleras. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio ya ha informado favorablemente, con algunos reparos, el convenio urbanístico suscrito en mayo entre el Gobierno de Aragón, el Consistorio jaqués y Eivasa, la empresa que gestiona el complejo invernal.

El alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, valoró positivamente este nuevo paso para desarrollar la urbanización de Astún, ya que "es un proceso de tramitación largo y estamos llegando a la última etapa". Aunque todavía no ha recibido la notificación oficial de la Comisión, se mostró "satisfecho porque acredita una vez más que la tramitación ha previsto toda la cobertura normativa, como no puede ser de otra manera".

Villarroya añadió que el siguiente paso será la emisión de otro informe por parte del Consejo Consultivo de la DGA, "necesario para la aprobación definitiva en el pleno municipal". El alcalde jaqués explicó que hace varias semanas que remitieron toda la documentación del expediente al citado órgano de asesoramiento, y esperan que su resolución llegue "en los próximos días", "garantizando que se cumple la normativa correspondiente".

Una vez que el Ayuntamiento disponga de todos los informes, se llevará el asunto a la comisión de Urbanismo, que lo dictaminará para pleno, con el fin de aprobar definitivamente el convenio. A partir de ahí, será la empresa concesionaria (Eivasa) la que deberá tomar la iniciativa. Tendrá que redactar el proyecto de urbanización y presentarlo para su tramitación y posterior aprobación. Enrique Villarroya calculó que, si no hay imprevistos, todo este proceso podría estar concluido "de aquí al verano".

Según el informe de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, que celebró una reunión monográfica sobre este tema el 2 de diciembre -el acuerdo se publicó en el BOA en enero-, la densidad máxima total es de 62 viviendas por hectárea. Cada uno de los pisos deberá tener una superficie mínima construida de 55 metros cuadrados, incluidos los elementos comunes. La aplicación de este último parámetro se debe a que "se considera que atiende a las especiales características de una urbanización turística destinada a un tipo de usuario con unas demandas centradas en el ocio y el deporte alpino, muy diferentes a las demandas de una población estable, y por lo tanto puede considerarse justificado, siempre que se cumplan los estándares mínimos de habitabilidad", justifica la Comisión.

Asimismo, argumenta que "la concentración de la edificabilidad en bloques de vivienda colectiva responde al objetivo de reducir el consumo de suelo por habitante, que en la zona en la que se sitúa la actuación resulta más importante si cabe, puesto que se trata de un entorno protegido en la Red Natura". En este sentido, se propone levantar un máximo de 19 bloques repartidos en tres áreas. La altura de cada uno no podrá superar la planta baja más tres pisos, y se prohibe "el uso vividero en aprovechamiento bajo cubierta".

La superficie edificable asciende a 90.143 metros cuadrados, que incluyen los 25.375 ya construidos en la actualidad (los edificios Casa Astún, Santos, Atalaya, Raca y Nevado, así como el hotel Europa). De los 67.768 restantes, más de 51.000 son para uso residencial, 10.500 para hoteles y otros 6.000 para uso terciario y comercial. También está previsto crear 1.819 plazas de aparcamiento, de las que 57 serán subterráneas.

Exigen protección contra aludes

El documento advierte de que el estudio económico y financiero deberá incluir el coste de la prolongación de la canalización subterránea del río Aragón, así como las obras necesarias para la protección contra aludes, "aunque estas puedan producirse en el exterior del ámbito" de desarrollo urbanístico. En este sentido, se deja claro que "será necesaria la inclusión en el proyecto de urbanización de un estudio específico de aludes que evalúe la viabilidad técnica, económica y ambiental de las medidas correctoras a implantar, e incluya un Plan de Emergencia y un programa de vigilancia y control de las mismas". Por este motivo, la Dirección General de Interior tendrá que emitir un informe favorable antes de aprobarse el proyecto.

El visto bueno de la Comisión se adoptó por mayoría, con el voto particular en contra del representante de las asociaciones ecologistas, Luis Gállego, "al considerar que la modificación planteada no respeta los principios de desarrollo sostenible, equilibrio territorial y justificación de la correcta organización del territorio urbano". También opinó que el expediente debería ser objeto de evaluación ambiental.