Medio Ambiente ha sido tajante y cada día está más cerca el cierre del polémico coto del despoblado de Bastarás (Casbas de Huesca), en el que se destruyó uno de los yacimientos neolíticos más importantes de España para construir un abrevadero para los animales. El departamento ha ratificado la disolución de la finca de caza por introducir un animal foráneo, el arrui, una especie de cabra africana. A la propiedad, que tiene otras causas judiciales abiertas por destrucción del Patrimonio, tan solo le queda recurrir a la vía contencioso-administrativa.

De nada le han servido las alegaciones a la empresa FIMBAS S. A., propietaria de Bastarás. Medio Ambiente ha ratificado el expediente sancionador que en su día le abrió por introducir un especie alóctona, una infracción muy grave según la Ley de Montes y de la Caza. En dicho documento se ordenaba el cierre del coto y además se imponía una sanción entre los 3.000 y 60.000 euros que el departamento no ha querido precisar.

En la resolución definitiva, firmada la semana pasada, se establecen además unos condicionantes y plazos muy concretos. No obstante, fuentes de Medio Ambiente, debido al carácter privado de estos informes, no pudieron precisar más detalles del mismo.

Pero a la gestora del coto, la empresa FIMBAS S.A., todavía le queda la vía de los tribunales ordinarios. La compañía, con la que este periódico ha intentado contactar en vano, podría interponer un recurso contencioso-administrativo y el ansiado cierre podría demorarse, según los expertos consultados, varios años.

Contra el patrimonio

No sería, si se diera el caso, su único proceso judicial abierto. La fiscalía oscense investiga, desde hace un par de meses, el expolio de la cueva de Chaves, un yacimiento neolítico convertido en pesebre para los animales del coto de caza. Esta gruta era, junto a la excavación arqueológica de Or (Valencia), la más destacada de España de esta era.

Todavía no ha arrancado la toma de declaraciones, pero ya se sabe que la Dirección General de Patrimonio se personará en la causa abierta contra esta firma, cuyo administrador único es Antonio Francisco de la Fuente Vidal, pero tras la que parece esconderse el empresario minero leonés Vitorino Alonso.

Sea quien sea el propietario, tal y como adelantó el Fiscal Jefe de Huesca, Felipe Zazurca, en junio, deberá hacer frente a una demanda por un presunto delito sobre el patrimonio histórico. Concretamente, la destrucción de la excavación arqueológica de esta gruta vulnera los artículos del 321 al 324 del Código Penal. En ellos se establecen penas de hasta tres años de prisión y multa de veinticuatro meses.

Mientras estos procesos se resuelven, el departamento de Medio Ambiente del Gobierno aragonés no descarta retirar el vallado de 20 kilómetros denunciado hace más de 30 años y que corta caminos y cerca el monte declarado de utilidad pública, unos terrenos que forman parte del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

Desde hace años, vecinos de la zona, ecologistas y amantes del patrimonio han denunciado los daños producidos en la zona, una destrucción que ha sido llevada a la pantalla en el documental 'Chaves, la memoria expoliada'. En ella, aparecen testimonios de habitantes de los pueblos cercanos, que rememoran los usos lúdicos del lugar antes de que la actual propiedad vallara la finca con fines cinegéticos. También aparecen los arqueólogos Vicente Baldellou y Pilar Utrilla, directores de las excavaciones, que explican qué ha supuesto la destrucción del yacimiento neolítico.