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Huesca

TRIBUNALES

PP, CHA e IU piden que se reabra el caso de la marihuna de las naves municipales

La oposición en el Ayuntamiento de Huesca quiere que el juez valore si hay delito de malversación por parte del funcionario que cultivó las plantas

El caso de la plantas de marihuana que un empleado municipal cultivaba en una nave de las brigadas municipales de Huesca está sobreseído pero no cerrado. Así lo entienden los tres grupos de la oposición, que han solicitado al alcalde, el socialista Fernando Elboj, la elaboración de un informe que se remitirá de nuevo al juez para que este valore si la acción del funcionario constituye o no un delito de malversación de fondos públicos.

 

La causa contra el trabajador se abrió en enero de este año, cuando se descubrieron las 63 plantas de marihuana en un armario acondicionado como invernadero en una de las naves municipales. El caso se archivó por falta de acusación, ya que el Ayuntamiento se sumó a la propuesta de la Fiscalía para que la causa tomara forma de expediente administrativo sancionador con arreglo a la Ley de Seguridad Ciudadana.

 

Pero la oposición no está de acuerdo con el sobreseimiento. PP, CHA e IU han analizado el auto judicial y explican que, si bien se determina que no hay caso de tráfico de drogas, no se aborda un supuesto delito de malversación de fondos y uso indebido de bienes públicos.

 

Ayer, los portavoces de los tres grupos entregaron en el registro del Ayuntamiento un escrito para que se elabore un informe en el que conste el perjuicio económico sufrido, incluidas todas las horas extra y las retribuciones dinerarias que recibió el trabajador durante el periodo en el que se mantuvo la plantación de marihuana. "Hemos comprobado que lo único que se vio y analizó en el procedimiento fue el tráfico de drogas, pero en ningún momento se produjeron análisis ni diligencias respecto a una posible malversación o mal uso de los bienes municipales", apuntó Ana Alós.

 

Según explicó la concejal popular "queremos que toda esta documentación se remita al juez". "El caso está sobreseído de forma provisional y en cualquier momento se pueden presentar nuevas pruebas para seguir adelante con el procedimiento", añadió. En nombre de sus compañeros de oposición, Alós afirmó que "debe ser el juez el que determine si ha habido o no delito y no el Ayuntamiento".

 

Como argumento de su petición apuntan al capítulo 7 del Código Penal "donde se habla de la malversación y donde hay algún artículo en el que puede estar enmarcada esa situación", precisó Ana Alós.

 

Sobreseído el caso, el empleado será objeto de un expediente disciplinario pero debe recuperar su puesto de trabajo y su sueldo y además percibir las cantidades atrasadas que ha dejado de cobrar en los últimos meses.

 

En el supuesto de que el alcalde rechace elaborar el informe solicitado "tomaremos otras medidas como grupos de la oposición", dijo la portavoz del PP.

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