El Juzgado Contencioso-Administrativo de Huesca ha ordenado dar de baja del padrón municipal del Ayuntamiento de Yésero a 40 vecinos -más de la mitad de la población del municipio- por "no constar pruebas de su residencia real y efectiva" en dicha localidad. Entre los afectados se encuentra la propia alcaldesa del municipio, la socialista María Jesús Acín, quien ya heredó este polémico asunto de su anterior mandato, gobernado por el PP, y que tuvo que afrontar el pasado año apenas tomar posesión de su cargo.

Según dicha sentencia, en todos los casos estudiados, menos en el de un vecino que presentó un historial de consumos eléctricos y de teléfono, no consta "ninguna prueba de su residencia real y efectiva en Yésero, como consumos de agua, electricidad, teléfono fijo u otros, ni su asignación de médico", que la mayoría tenían en Zaragoza.

En julio de 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ordenó al Ayuntamiento de Yésero incoar los expedientes de desempadronamiento de 41 vecinos de esta localidad del Alto Gállego. El consistorio decidió entonces no practicar baja alguna argumentando que practicó el expediente en cumplimiento de esta sentencia pero que la parte denunciante no aportó ninguna prueba que demostrara su tesis.

Contra esta resolución municipal se presentó el recurso contencioso administrativo que ha dado lugar a la actual sentencia, que considera que "no tiene cabida legal el argumento del Ayuntamiento pues no compete" al denunciante "aportar dicha prueba, entre otros motivos por tratarse de datos de carácter personal a los que no tiene acceso y que gozan de protección legal". Además, califica de "incongruente" la actuación del Ayuntamiento "al no proceder a la baja censal de los convecinos que no aportaron siquiera un principio de prueba de su residencia efectiva en Yésero".

Este proceso judicial se inició ya en 2002, cuando dos residentes de Yésero denunciaron presuntas inscripciones masivas en el padrón municipal de la localidad. Tras el fallo judicial del pasado año, el Ayuntamiento inició los expedientes administrativos de cada uno de los vecinos sospechosos en cumplimiento de la sentencia del TSJA.

En cada caso, y según explicó entonces el letrado Javier Hernández García, que ha llevado la petición de su ejecución, se dio audiencia a cada uno de los vecinos para que argumentaran su empadronamiento en dicha localidad que, en caso de ser efectiva, deberían justificar probando que residían la mayor parte del año allí. El Reglamento de Territorio y Población de Entidades Locales de Aragón estipula que "toda persona que viva en Aragón está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año".

Así, en sus alegaciones, algunas de ellas contradictorias, la mayor parte de los vecinos aseguraban que pasaban temporadas en Yésero de variable duración, tales como vacaciones y fines de semana, o varios meses al año porque poseían actividades económicas en la localidad. Muchos de ellos manifestaban que su puesto de trabajo se encontraba fuera de la localidad de Yésero y algunos incluso afirmaban que abandonaron el municipio porque no había medios de vida pero que querían mantener allí su actividad y que el resto del año habitaban en otras localidades como Zaragoza, Sabiñánigo o Huesca.

Cabe resaltar que el número de personas que han sido obligadas a darse de baja del padrón municipal de Yésero suponen más de la mitad de la población de este municipio que, a día de hoy y según datos que figuran en el portal de las comarcas de la comunidad autónoma, comprende un total de 77 habitantes.