Impertinentes e innecesarias. Así calificaron el fiscal y las acusaciones particular y popular las nuevas pruebas solicitadas por la defensa de Santiago Mainar en el proceso judicial por el asesinato del alcalde de Fago, Miguel Grima, que murió el 12 de enero de 2007 por un disparo de escopeta con postas. Tanto el representante del ministerio fiscal como los abogados de la acusación coincidieron en que Marcos García Montes, letrado del único acusado del crimen, pretende con esta petición "crear confusión con el fin de obtener una sentencia absolutoria" para su defendido.

Así lo expusieron ayer el fiscal José Luis Galindo, el abogado de la familia de Grima, Enrique Trebolle, y el de la acción popular en representación del PP, José María Vilader, durante la vista que se celebró en la Audiencia de Huesca para estudiar el recurso de apelación de la defensa contra la decisión del juez de Jaca que instruyó el caso de rechazar la práctica de más pruebas.

En concreto, García Montes solicitaba nueve diligencias de prueba, entre ellas, dos periciales psicológica y psiquiátrica "para ver si el testimonio que prestó Mainar era creíble"; otra oftalmológica que determinara su "capacidad de disparar", dado que se encontraba convaleciente de una operación de cataratas en un ojo y estaba pendiente de la intervención en el otro; una prueba para verificar si pudo realizar el complejo recorrido que describió, y el envío de un oficio al Instituto Nacional de Meteorología para pedir datos sobre las condiciones meteorológicas que se daban la noche del crimen en el lugar de los hechos.

También pedía una prueba criminalística -llegó a cuestionar la "imparcialidad" de las diligencias practicadas- y dos testificales de la hermana de Mainar y de una mujer que intervino telefónicamente en un programa de televisión.

El letrado de la defensa recordó que "al abogado del PP se le admitió por parte del juzgado alguna prueba y a nosotros no, con lo cual se quiebra el principio de igualdad ante la ley". Además, consideró que "el sumario se queda cojo sin estas pruebas", las cuales "no interesan" a las acusaciones porque podrían "romper una línea de acusación que no es objetiva". García Montes argumentó que sin esos datos "no pueden formular un escrito de acusación".

Este hecho molestó al fiscal y los letrados de la familia de Grima y del PP. Así, el representante del ministerio público aseguró que "esas diligencias pueden ser practicadas en la vista oral y no puede ser que (Montes) haga el papel de las acusaciones". También Enrique Trebolle calificó de "inaudito y sorprendente" la crítica del defensor "sobre el trabajo de los demás", y le acusó, al igual que José María Vilader, de intentar "dilatar sin límite el proceso". Vilader recriminó además al abogado de Mainar que "está intentando hacer una instrucción paralela".

La decisión final de la Audiencia Provincial sobre el recurso se conocerá en pocos días.