La juez de Barbastro archiva la denuncia sobre las operaciones urbanísticas en Castanesa

El Juzgado de Barbastro ha decidido sobreseer provisionalmente y archivar la denuncia sobre las operaciones urbanísticas desarrolladas por el Ayuntamiento de Montanuy y por Aramón para la creación de la estación de esquí de Castanesa. La decisión puede ser recurrida en el plazo de tres días, pero se ha tomado a petición de la Fiscalía. Cinco meses después de hacer suyas las acusaciones lanzadas por un grupo de particulares, y tras las pruebas documentales y testificales practicadas, el ministerio público considera que no existen indicios de delito de ningún tipo que justifiquen seguir investigando el caso.

El archivo de la causa supone un nuevo espaldarazo judicial para Montañas de Aragón. La empresa mixta participada al 50% por la DGA e Ibercaja ha visto cómo hasta ahora los tribunales han resuelto a su favor en asuntos tan importantes como la demanda civil planteada por los antiguos propietarios de la urbanización de Cerler -que piden la devolución de esos terrenos y que han recurrido la sentencia desestimatoria del Juzgado de Boltaña- o la decisión del Ayuntamiento de Benasque de declarar litigiosos los suelos que el grupo tiene en Cerler -acuerdo que bloquea la venta de esas parcelas y que fue anulado por un juzgado de de Huesca mediante un fallo que también está recurrido-.

En Castanesa, la vía judicial la abrió la asociación Naturaleza Rural, una entidad que agrupa a una veintena de particulares del valle y que en julio del año pasado envió un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en Madrid, en el que denunciaba actuaciones del Consistorio de Montanuy relacionadas con la estación de esquí que Aramón quiere construir en la zona. El órgano encargado de fiscalizar las cuentas de las administraciones públicas archivó el asunto, pero remitió la documentación a la Fiscalía de Huesca "por si fuera procedente ejercer acciones penales".

La denuncia

Esta última instancia abrió diligencias informativas en septiembre, y en enero de este año decidió llevar el caso al Juzgado de Barbastro para que fuera un juez quien instruyera la investigación y aclarara si alguna parte implicada pudo cometer algún delito. Según explicaron entonces fuentes de la Fiscalía de Huesca, lo que se hizo fue ratificar y asumir la denuncia de la asociación Naturaleza Rural al encontrar indicios de posibles actuaciones ilícitas.

Naturaleza Rural criticaba, en primer lugar, el convenio de colaboración firmado por el Ayuntamiento de Montanuy y Aramón. El acuerdo, suscrito en mayo de 2005, comprometió al Consistorio a clasificar como suelo urbanizable residencial los terrenos que el grupo aragonés de la nieve y otros particulares aporten a la futura estación de Castanesa. A cambio, la empresa mixta participada al 50% por la DGA e Ibercaja se obligó a encargar y costear el nuevo Plan General (PGOU) de la localidad y a reinvertir en la futura estación todas las plusvalías que obtenga por esos suelos.

Para los denunciantes, ese convenio conlleva "una recalificación a la carta", y además supone que la empresa Castanesa Nieve S. L., constituida por Aramón y el Consistorio, "asume facultades propias de la potestad de planeamiento que corresponde en exclusiva al municipio". "Se traslada a una sociedad privada la iniciativa de decidir qué fincas son urbanizables, cuándo van a serlo y qué precios tendrán", aseguraban.

Otro de los puntos de la denuncia recordaba que meses antes de que se firmara el convenio aparecieron en prensa varias informaciones que explicaban "sin ningún tipo de reparo" que el grupo aragonés de la nieve había firmado opciones de compra sobre unos terrenos que más adelante iban a ser reclasificados. "En esa operación estaba claro que Aramón (…) tenía también la seguridad de que el Ayuntamiento los iba a recalificar a urbanos en el nuevo PGOU", denunciaba Naturaleza Rural, quien se preguntaba irónicamente "cómo debería tipificarse eso".

El colectivo que puso esas actuaciones en conocimiento de la Fiscalía también mencionaba "todo tipo de presiones" sobre los dueños de las fincas afectadas. Por último, incluía en su denuncia la aprobación provisional del PGOU por parte del Ayuntamiento, que a su juicio fue ilegal porque el alcalde de Montanuy, el socialista José María Agullana, y el teniente de alcalde, Navidad Cereza, deberían haberse ausentado de la votación por tener intereses en juego.

Sin indicios de delito

Durante estos meses, el Juzgado de Barbastro ha practicado varias pruebas documentales y testificales. La primera persona que fue llamada a declarar fue el presidente de Naturaleza Rural, Manel Badías, pero ha habido otras.

Fuentes de la Fiscalía de Huesca explicaron ayer a HERALDO que, tras esas diligencias, el ministerio público ha considerado que no hay motivos para seguir investigando el asunto. "Hemos hecho un escrito de 12 folios en el que hemos argumentado todas las razones, que nadie piense que lo hemos ventilado en dos líneas", aclararon las mismas fuentes.

El escrito del fiscal concluye, tras los razonamientos descritos en el texto anexo, que "no existen indicios de delitos contra la ordenación del territorio, de delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico".