La Fiscalía echa en falta más denuncias penales para los vertidos de purines

La Fiscalía de Huesca ha dado un "tirón de orejas" a las Administraciones en su memoria sobre actuaciones medioambientales referentes a 2007 por no colaborar de manera adecuada. La queja más dura se refiere a los vertidos de purines ya que el ministerio público considera que los organismos competentes deberían buscar más responsabilidades penales en lugar de conformarse con aplicar únicamente sanciones administrativas.

En este sentido, la memoria que ha trasladado a la Fiscalía General de Medio Ambiente subraya que en 2007 no se calificó ningún procedimiento judicial por vertidos de residuos procedentes de granjas. Aunque reconoce que este tipo de casos no revisten "especial trascendencia mediática", hace hincapié en que sí tienen una "extraordinaria importancia" tanto por la frecuencia con que se producen como por la gravedad de la contaminación.

La Fiscalía explica que en la provincia de Huesca existen numerosas explotaciones porcinas y que resulta "sorprendente" comprobar que aún existan granjas donde los purines se almacenan en fosas de decantación "que no están cerradas ni impermeabilizadas, como exige la normativa medioambiental". Esta situación, añade, da lugar a que las lluvias torrenciales o una simple fuga de agua provoque que los purines rebasen las capacidades del foso y se extiendan a fincas colindantes.

Así las cosas, el ministerio público subraya que en estas, como en casi todas las materias medioambientales, la actuación de la Fiscalía está condicionada a la actividad inspectora de la Administración y que, respecto a 2006, el año pasado se observó una disminución de actuaciones relacionadas con estos vertidos.

Lo grave, a su juicio, es que esta reducción no obedece tanto a una mejora por parte de las granjas en el tratamiento de sus vertidos, sino más bien a que aunque se realizan los controles e inspecciones exigidos, "la Administración decide no buscar consecuencias penales, conformándose con sanciones exclusivamente por vía administrativa".

Dentro de este mismo capítulo, la Fiscalía de Huesca también hace referencia al vertido tóxico de 400 toneladas de residuos de animales arrojado al río Cinca supuestamente por la empresa Cazsa de Zaidín. Sobre este caso, el ministerio público destaca que, además de sufrir "una larga y complicada instrucción", se tuvo que hacer frente a la "falta de interés" por parte de las Administraciones implicadas (Confederación Hidrográfica del Ebro y Diputación General de Aragón) para limpiar los residuos del río ya que, alegando problemas competenciales, "tardaron más de cuatro meses en marcar las pautas para su retirada". Y es que pese a que el vertido fue detectado por agentes del Seprona en agosto de 2006, DGA y CHE no limpiaron el río hasta enero de 2007.

Otra de las materias medioambientales en la que incide la memoria de la Fiscalía de Huesca son los delitos contra la fauna. A este respecto, asegura que en 2007 se detectó una tendencia al alza en la caza ilegal de sarrios sin los permisos ni licencias exigidos en espacios protegidos, fundamentalmente las reservas naturales de Viñamala -colindante con el Parque Nacional de Ordesa- y Bachimala. Además, hace mención especial a la caza de pájaros insectívoros, que dieron lugar a dos sentencias condenatorias por parte del Juzgado de lo Penal.

Ni un solo incendio imprudente

Por último, el ministerio público aborda la materia de incendios forestales subrayando que el año pasado no hubo ningún fuego doloso o imprudente en toda la provincia de Huesca ya que todos los que se declararon fueron imputables a causas naturales "en conjunción con la extraordinaria sequía que sufre la provincia de Huesca desde hace varios años". Por ello, el fiscal no duda en felicitar a las Administraciones competentes ya que "se observa un control adecuado de las fuentes de riesgo, ya sean vertederos, instalaciones de energía eléctrica, control de actividades lúdicas y de acampada, limpieza de monte bajo" que, en su opinión, son los factores que más directamente inciden en el escaso número de hectáreas arrasadas por el fuego.

En conclusión, el ministerio público, que en 2007 abrió 13 diligencias de investigación relacionadas con actuaciones medioambientales y urbanísticas, valora positivamente la evolución de estos delitos, "habida cuenta del extraordinario valor medioambiental de esta provincia".