El Ayuntamiento de Huesca ha recibido una reprimenda oficial por no tener al día los datos de sus ficheros. La Agencia Española de Protección de Datos ha dado la razón al ciudadano que puso una denuncia por recibir una multa de aparcamiento como propietario de un coche que había vendido cuatro años antes y ha resuelto que el Consistorio ha cometido una infracción grave de la ley de Protección de Datos, que está vigente desde 1999.

La Agencia, ente público que vela por el cumplimiento de dicha ley, ha requerido a los responsables municipales para que "adopten las medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción de esta norma, según la cual "los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación real del afectado".

Si, en lugar de ser contra el Ayuntamiento, la denuncia hubiera sido contra una empresa privada, la Agencia podría fijado una sanción entre los 60.000 y los 300.000 euros. En este caso, la resolución se salda con una amonestación y con la presencia del Ayuntamiento de Huesca en el próximo informe del Defensor del Pueblo como una de las administraciones que ha incumplido, con una infracción grave, la Ley de Protección de Datos.

Los hechos que originaron la apertura de este proceso datan del 19 de enero de 2006, cuando el particular que presentó la denuncia, y que prefiere guardar el anonimato, recibió una multa como titular de un coche que el 25 de octubre de 2005 estaba mal aparcado y del cual había sido propietario hasta el 6 de agosto de 2002, cuando lo vendió cumpliendo los trámites legales.

El ciudadano recurrió la multa y, además, presentó en el Ayuntamiento una reclamación solicitando la rectificación de sus datos personales en los ficheros de la Policía Local. Ante el silencio que recibió por respuesta, decidió llevar el caso a la Agencia de Protección de Datos a través del abogado Fernando Salas, especialista en Derecho de Nuevas Tecnologías y Protección de Datos.

El organismo público vio indicios de infracción y abrió un expediente. El Consistorio alegó que hasta el 8 de marzo de 2004, a partir de un convenio de colaboración, no se había podido acceder de forma directa a la base de datos de Tráfico y que hasta esa fecha, la conexión era "enormemente dificultosa, ya que se realizaba vía 'modem', lo que bloqueaba los ordenadores y la hacía prácticamente inviable".

En las alegaciones, firmadas por el alcalde, Fernando Elboj, se adujo que "en 2004 se contrató a dos funcionarios para que actualizaran los datos de los vehículos en los ficheros municipales y que ahora ya se dispone de los medios necesarios para cumplir la actualización de datos personales".

Pero la Agencia ha considerado que las medidas adoptadas a partir de 2004 no merman "la conducta infractora del Ayuntamiento, ya que a fecha 25 de octubre de 2005 los datos del denunciante continuaban en el fichero de titularidad municipal "multas", asociadas a la titularidad de un vehículo que se transfirió a otro titular tres años antes.

Según Salas, la resolución está muy bien argumentada jurídicamente y es exhaustiva y técnica. "Este fallo demuestra que los ciudadanos tenemos todavía medios para reaccionar ante el anormal funcionamiento de una administración cuando nos causa un perjuicio de una manera arbitraria, como en este caso".