El portavoz de la Coordinadora de Afectados por Harinas Porta, Amado Cancer, afirmó ayer que la aprobación del convenio para el traslado de las harineras del centro de Huesca "debería ser una buena noticia para toda la ciudad". Pero apuntó que el acuerdo se ha adoptado "de forma precipitada" como consecuencia de la sentencia del contencioso-administrativo que debe resolver sobre la legalidad de la fábrica de Porta a partir de la validez del decreto del Ayuntamiento que autorizó la reapertura de la factoría en julio de 2006.

En su opinión, un documento que ha tardado tanto tiempo en pactarse podía haber esperado a la resolución judicial por la incidencia que esta puede tener en las valoraciones económicas de la harinera y en el número de viviendas que deben construirse en el polígono.

Según el convenio, las infraestructuras de Harinas Porta se han valorado en 11,3 millones (sin contar los 4,2 de la indemnización por traslado). "Si la sentencia judicial es desfavorable al Ayuntamiento, la valoración económica de esta fábrica tendría que hacerse a la baja, muy a la baja", explicó. Cancer recordó las palabras de uno de los promotores con intereses en el polígono acerca de la situación de la harinera tras la explosión ocurrida hace tres años, un suceso que dejó cinco muertos y mantuvo las instalaciones paradas durante más de un año. "Si el juez dicta que las obras eran ilegales y que la fábrica no tenía que haberse puesto en funcionamiento ¿de qué fábrica estamos hablando?, ¿a qué fábrica habría que indemnizar?", señaló.

Para el presidente de la Coordinadora, hubiera sido conveniente esperar la resolución porque "podría ser que las repercusiones económicas se redujeran y con ellas el número de viviendas (ahora son unas 1.330) que deben construirse para afrontar los costes del traslado".

El presidente de la Federación de Barrios Osca XXI, Antonio Tuda, también contempló el convenio con mirada crítica porque "la ciudad no ha sacado gran cosa de este acuerdo". "No se contempla la construcción de vivienda protegida porque la ley no lo obliga en este suelo, pero es algo que habría que mirar más despacio", apuntó.

Coincidiendo con el grupo municipal de CHA, Tuda señaló la falta de equipamientos públicos en una zona donde está prevista una gran densidad de viviendas y el hecho de que el Ayuntamiento deba pagar el paso subterráneo que, salvando la vía ferroviaria, permitirá conectar la avenida de Juan XXIII con la calle de Teruel. "La ciudad tendrá que afrontar demasiados costes", dijo.

El convenio para sacar las dos harineras, Porta y Villamayor, del centro urbano y urbanizar el polígono se aprobó el lunes en pleno con el respaldo del PSOE, PP, PAR e IU. CHA votó en contra. En cuanto a la propiedad, el 89% de la misma ha firmado un documento de adhesión a la espera de que se rubrique el acuerdo.