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El juez revisa el permiso otorgado a Harinas Porta para reabrir la fábrica

Vista para sentencia la demanda presentada por la asociación de afectados contra la autorización del Ayuntamiento que permitió a la empresa reanudar su actividad.

Tres años después de la explosión ocurrida en Harinas Porta que costó la vida a cinco personas el juez debe decidir si los permisos concedidos por el Ayuntamiento de Huesca para la reapertura de la fábrica se ajustan a la ley. Ayer se celebró la vista por el recurso contencioso-administrativo que interpuso la Coordinadora de Afectados por Harinas Porta solicitando que se anule el decreto de Alcaldía de 21 de julio de 2006 por el que se autoriza la reanudación de la actividad en la fábrica siniestrada una vez que se llevó a cabo la reparación de las instalaciones dañadas.

El abogado de los demandantes, Alfonso de Meer, se ratificó en los argumentos planteados en el recurso y expuso que el decreto firmado por el alcalde de Huesca, Fernando Elboj, para autorizar la reapertura de las instalaciones no se ajustó a la legalidad porque Harinas Porta, tras las obras, no había obtenido la licencia de actividad clasificada como industria molesta, insalubre, nociva y peligrosa.

Según De Meer, los informes que figuran en el expediente y especialmente el informe del jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Huesca, Jesús Tejada, establecen que para permitir la reapertura o reanudación de la actividad industrial, previamente Harinas Porta tenía que haber obtenido esta licencia de actividad clasificada. Según el letrado, tras la explosión, quedó de manifiesto la peligrosidad de la industria y para obtener esa licencia de actividad, las industrias así clasificadas no pueden instalarse ni se puede permitir su funcionamiento a menos de dos kilómetros del centro urbano de cualquier núcleo. "Harinas Porta no cumple estos parámetros porque está en pleno centro", afirmó De Meer.

El abogado de los vecinos consideró además que la autorización municipal para la reapertura de la harinera tampoco se ajusta a la Ley Urbanística de Aragón. Según explicó, "las obras que se hicieron tras la explosión no fueron meras reparaciones para subsanar los daños sino obras de modernización y reforma, lo que no está permitido en un suelo que está fuera de ordenación".

De Meer basó este argumento en el informe solicitado por el propio ayuntamiento a una consultora para determinar cuales habían sido las modificaciones hechas en la fábrica tras la explosión. "Según este informe, se había hecho una modernización de toda la instalación eléctrica y se había aumentado la potencia, una reforma que no cabe en un suelo fuera de ordenación", afirmó.

El abogado del Ayuntamiento de Huesca, Francisco Sáenz de Buruaga, rechazó que las obras acometidas por el empresario hubieran supuesto un cambio "trascendental" de las instalaciones industriales, lo que hacía innecesario el expediente planteado por los demandantes. Según dijo, el Ayuntamiento ha respetado todas las determinaciones de la ley en relación con las actividades clasificadas y "lo único que hizo Harinas Porta en relación con la instalación eléctrica fue modificar, sustituir y renovar dicha instalación por lo que no hizo falta obtener una licencia nueva". Y señaló un informe realizado por una consultora externa cuyos servicios solicitó el Ayuntamiento, en el que se minimiza las obras y se limitaba la potencia del transformador eléctrico, lo que así corrigió el Consistorio. "Y es una opinión que se ha visto ratificada por el departamento de Industria del Gobierno de Aragón", afirmó.

Por su parte, Ángel Aguirre, abogado de Harinas Porta, responsabilizó al letrado de la coordinadora de vecinos de "tergiversar" los hechos, al no incorporar entre las pruebas declaraciones e informes contrarios a su demanda. Y mencionó la declaración testifical del jefe municipal de Urbanismo, "que en un segundo informe reconoció que no se habían ejecutado obras de reestructuración dignas de reseña.

Aguirre admitió que aunque los trámites para la reapertura de las instalaciones se realizaron en un marco jurídico "complejo", las gestiones realizadas se ajustaron a la legalidad. A este respecto señaló que la ausencia de obras de reestructuración sustanciales hacía innecesario un nuevo expediente de actividad, al prevalecer los hechos en años anteriores.

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