El fiscal de la Audiencia de Huesca José Luis Galindo fue incluso más contundente que los abogados de la defensa al pedir al juez que desestime la demanda interpuesta por el jefe de personal de la empresa pública GRHUSA (Gestión de Residuos Huesca SA) contra dos concejales del PP y la responsable provincial de CC. OO. por atentar contra su honor a raíz de las declaraciones de estos sobre el proceso de su contratación. Ayer se celebró una vista pública.

El magistrado afirmó que las manifestaciones vertidas por los ediles Ana Alós y Roberto Bermúdez de Castro y por Arancha García-Carpintero en distintas comparecencias públicas entre junio de 2006 y febrero de 2007, recogidas por los medios de comunicación, "no afectan al honor del demandante". Consideró que el juicio de valor emitido por los tres demandados no excedió el derecho a la libertad de expresión, porque lo que hicieron fue "pasar por el cedazo de la crítica una resolución que es opinable por el contexto en que se desarrolló, que es algo que tiene enorme trascendencia".

El representante del Ministerio Fiscal afirmó que el proceso de selección de Francisco Javier Hernando no fue un "ejemplo", al no quedar explicados en el acta de la selección los baremos utilizados por el tribunal para adjudicar la plaza al demandante frente a los 30 candidatos restantes que concurrieron a la prueba. En este sentido, hizo notar que la convocatoria para cubrir la plaza de responsable de organización y recursos humanos de GRHUSA se publicó en un periódico local el 16 de enero de 2005 y que la mesa de selección acordó contratar a Hernando el 1 de febrero. "En 15 días, con sus fines de semana y la festividad de San Vicente en medio, hubo que analizar 31 solicitudes", apuntó el fiscal.

Asimismo, Galindo indicó que el hecho de que la mesa de selección estuviera formada por tres representantes socialistas, "no es indiferente cuando el elegido era alguien que hasta 2004 había sido asesor de UGT". El fiscal consideró que las críticas de los demandados al proceso de contratación estaban legitimadas al ser, además, GRHUSA una empresa gestionada con fondos públicos.

En su exposición de hechos, el ministerio público añadió que las críticas realizadas por los concejales y la representante sindical no tenían por objeto vulnerar el honor del demandante sino cuestionar la gestión de la empresa en cuanto a la contratación de la que se benefició finalmente.

Hernando presentó en junio de 2007 una demanda contra Bermúdez de Castro, Alós y García- Capintero por considerar que las críticas sobre su proceso de selección respondían a una campaña política contra la gestión de la empresa que resultó "absolutamente atentatoria contra su honor, dignidad y prestigio".

Hernando, que hasta 2003 fue responsable provincial de la Federación de Servicios Públicos de UGT, fue contratado por GRHUSA tras ser elegido por la mesa de selección en febrero de 2005. Los portavoces de PP y CC. OO. denunciaron públicamente contrataciones supuestamente irregulares en esta empresa y cuestionaron el proceso de selección de Hernando. El tribunal estaba formado por el entonces presidente de GRHUSA Germán Sanromán, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca que antes había sido responsable provincial de UGT; Carmen Cáceres, concejal del PSOE en Huesca; Mariano Fañanás, concejal del PSOE en Biescas y presidente de la Comarca del Alto Gállego, y el gerente de la empresa Fernando Calvo.

Perjuicio y derecho

Después de la declaración de los implicados ante el tribunal, el abogado del demandante, Eduardo Giménez, concluyó que aunque no hubo ataque directo contra su defendido, este fue perjudicado por las críticas. "A través de medios indirectos ha habido intencionalidad y perjuicio directo". Solicitó una indemnización global de 30.000 euros por los supuestos daños al honor sufridos y que los demandados se desdigan públicamente de la declaraciones realizadas.

Los abogados defensores, Ramón Torrente (García-Carpintero) y Clemente Sánchez-Garnica (Alós y Bermúdez de Castro) señalaron que las críticas vertidas por sus clientes "empezaron cuando se conocieron las actas de la mesa de selección y que se referían a la transparencia del proceso de selección y no a los méritos de la persona elegida, que no se han cuestionado ni explícita ni implícitamente". Según señaló Torrente, "CC. OO. ha utilizado la libertad de expresión, que conlleva la crítica".