La elecciones sindicales a la junta de personal (funcionarios) del Ayuntamiento de Huesca están bloqueadas desde hace dos meses a la espera de que se resuelva el contencioso que desde hace un año afecta a la situación de 14 trabajadores.

En enero de 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratificó una sentencia del Contencioso-Administrativo de Huesca que declaraba nulas unas oposiciones de 2004 para cubrir 14 plazas de auxiliar administrativo a raíz de un recurso del sindicato CSI-CSIF. El fallo anuló las oposiciones al entender que se optó por un concurso-oposición en lugar de otro sistema sin haberlo justificado. Para cumplir la sentencia, el ayuntamiento debía despedir a esos trabajadores, que había accedido a la condición de funcionarios, y a otros tantos contratados a partir de una bolsa de trabajo creada en esa misma convocatoria.

Evitar el colapso

Para evitar tanto una situación de colapso en el funcionamiento de las oficinas municipales como una demanda millonaria por parte de los afectados, el ayuntamiento optó por llevar a cabo un "bucle" legal. Todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo en que mediante un decreto de Alcaldía se despidiera a los trabajadores (cumplimiento de sentencia) y mediante una orden inmediatamente posterior se dejara sin efecto el decreto (los afectados siguen en su puesto de trabajo). Para ello, previamente, los trabajadores tendrían que demandar al Ayuntamiento y solicitarle una restitución patrimonial.

El sindicato no estuvo de acuerdo con esta solución y se iniciaron negociaciones para llegar a un acuerdo que satisficiera a todas las partes implicadas.

En noviembre de 2007 se convocaron en el ayuntamiento elecciones sindicales para los 252 funcionarios y los 254 empleados laborales, un proceso que siempre se desarrolla de forma conjunta. El censo de funcionarios incluía a los 14 trabajadores contratados a partir de las oposiciones anuladas, despedidos y restituidos en sus puestos. CSI-CSIF impugnó el censo electoral por considerar que esos trabajadores no tenían la categoría de funcionarios al haberse anulado a la oposición.

Pero un laudo consideró que al estar ejerciendo como funcionarios tenían derecho a estar representados sindicalmente. CSI-CSIF no estuvo de acuerdo con la decisión por estimar que sí tienen derecho a representación sindical, pero no como funcionarios. El sindicato recurrió al Juzgado de lo Social y pidió y consiguió la paralización de las elecciones.

Paralelamente, CSI-CSIF volvió a presentar un contencioso para exigir la ejecución de la sentencia de enero del año pasado. En este momento, el juez ha pedido al ayuntamiento el expediente del caso así como el decreto del Alcaldía en el que se despedía a los trabajadores y la orden posterior por la cual se les mantenía en sus puestos para resarcirles por los daños y perjuicios causados que hipotéticamente éstos le han reclamado.

En los próximos días se celebrará una vista con las partes implicadas en este proceso y es probable que los responsables judiciales dictaminen en conjunto sobre todos los frentes abiertos: el cumplimiento de la sentencia, la condición de los trabajadores afectados y la continuidad del proceso electoral.

El contencioso mantiene paralizadas las elecciones de los representantes sindicales para la junta de personal, ya que los empleados laborales sí votaron para elegir la composición del comité de empresa. Ambos organismos se renuevan cada cuatro años.

En estos momentos, la plantilla del Ayuntamiento de Huesca supera los 500 trabajadores entre funcionarios y contratados laborales.