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Huesca

TRIBUNALES

La sanción a tres alumnas del instituto Sierra de Guara acaba en los juzgados

Los sindicatos de enseñanza denuncian amenazas a los profesores y piden el respaldo de Educación.

La sanción a tres alumnas del instituto Sierra de Guara de Huesca ha acabado en los juzgados. Además del contencioso administrativo interpuesto por el padre de una de ellas por no estar de acuerdo con la medida disciplinaria que se le aplicó a su hija, hay cruces de denuncias entre esta familia y profesores del centro por insultos y amenazas. La Junta de Personal Docente no Universitario, en una nota de prensa, muestra su apoyo al equipo directivo, y pide apoyo a Educación.

Todo comenzó durante un viaje de estudios a París en el que, según explicó Toño Arzanza, presidente de la Junta de Personal, tres chicas "tuvieron un comportamiento sancionable según el reglamento de régimen interno del centro". A la vuelta, se les abrió un expediente disciplinario. "Se investigaron los hechos y la comisión disciplinaria propuso una sanción, que el consejo escolar aprobó", matizó. Pero los padres de una de ellas, que además son profesores en otro colegio, no estaban de acuerdo con la sanción de expulsión de varios días que debía cumplir su hija y la recurrieron. La dirección provincial de Educación ratificó la medida y, el padre interpuso un contencioso administrativo, posibilidad que contempla la ley. La vista oral se ha celebrado, pero no se ha resuelto el caso.

Pero al parecer, según informaron fuentes de los sindicatos, la situación creada es tan tensa que ha desembocado en más conflictos. "Creemos que en ningún caso los padres o tutores de alumnos tienen derecho moral ni legal para insultar, amenazar o acosar a los funcionarios que han actuado correctamente en el desempeño de sus funciones, en todo caso, siempre existen los cauces legales", explica en su nota la Junta de Personal. Asimismo, pone de manifiesto su "más enérgica condena" de los hechos y su apoyo "incondicional" a los compañeros "que están sufriendo las consecuencias de la falta de educación, tolerancia y valores morales de aquellas personas que están realizando estas acciones".

El caso ha llegado a los juzgados, donde hay cruce de denuncias entre la familia de la chica y los profesores por insultos y amenazas. "Hasta ahora todas las sentencias son favorables al equipo directivo del centro", aclararon desde la Junta de Personal. Sin embargo, el director del centro prefirió no hacer ningún tipo de declaraciones.

Los sindicatos, además, han exigido a Educación que, ante la gravedad de estos hechos, "la Administración Educativa actuara como parte denunciante contra los padres autores de estas acciones". Sin embargo, se han encontrado con que, según el Código Penal, el denunciante debe ser la persona directamente agraviada, quedando la acción de la administración limitada a la prestación de asesoría y atención jurídica. Y dada la "gravedad del caso" y "los comentarios e inquietudes" que suscita en la comunidad educativa, la Junta de Personal ha pedido a la Dirección de Educación que envíe una circular a los centros en la que queden claras las acciones a llevar a cabo en casos similares, así como los derechos de los docentes.

Padres de alumnos del instituto, en una carta remitida a un medio de comunicación oscense, también mostraron su apoyo a los profesores del IES. Por su parte, la Federación de Asociaciones de Padres (FAPAR) apostó por evitar las confrontaciones entre profesorado y familia, y añadieron que, como firmantes del acuerdo para mejorar la convivencia en los centros educativos, son partidarios de cambiar las sanciones por trabajos de reparación y educativos. "Debemos educar y dar un buen ejemplo a nuestros hijos", concluyeron.

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