La oposición critica a Elboj por el enésimo fallo judicial contra el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Huesca se pronunciará hoy sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que le condena a indemnizar al primer arquitecto del palacio de congresos por haberle rescindido el contrato de forma ilegal. El alcalde, Fernando Elboj, dijo ayer que los servicios jurídicos estaban analizando el fallo y aplazó cualquier pronunciamiento a una rueda de prensa convocada para esta mañana.

Sí hubo reacciones por parte de los grupos de la oposición municipal. Partido Popular, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida coincidieron en destacar que se trata de una nueva derrota en los tribunales y otro patinazo en el proceso de diseño y construcción del palacio de congresos.

El Ayuntamiento deberá pagar 24.000 euros al estudio Cano Lasso por haberle rescindido el contrato firmado en 2002. El TSJA atiende la demanda por daños y perjuicios presentada por los arquitectos al determinar que fue una decisión unilateral de la corporación, motivada porque quería encargar la obra a otra persona y utilizando como excusa el aumento del presupuesto de 6 a 7 millones. Finalmente el proyecto se encargó a un arquitecto municipal y es el que se está ejecutando ahora.

Según el PP, fue personalmente Elboj quien tomó la decisión de anular el contrato. "Si fuera responsable debería irse a su casa y pagar los 24.000 euros. Ha jugado con el dinero de los ciudadanos por un capricho suyo, porque no le gustaba el proyecto", declaró el portavoz popular. Elboj formó parte del jurado del concurso de ideas que premió a Cano Lasso por seis votos contra tres. Uno de éstos fue el del alcalde, recordó Roberto Bermúdez de Castro.

Esta sentencia es "una más" de las que ha perdido el Ayuntamiento en el último año, añadió. "No es de recibo que perdamos la gran mayoría de los juicios". Bermúdez de Castro no culpa a los servicios jurídicos sino "a un alcalde que obliga a los técnicos a cubrir jurídicamente una serie de acciones que son injustificables".

Chunta también destacó que el Ayuntamiento está quedando en entredicho, "y no por asuntos menores, como un vecino que se ha caído en una acera en mal estado, sino por sentencias como la que anula el convenio urbanístico del Área 3". El último fallo demuestra, en opinión del portavoz Miguel Solana, que el proceso de construcción del palacio de congresos es "un muestrario de mal hacer", empezando por el fallido concurso de ideas y acabando por los desfases presupuestarios. "Se ha engañado en el presupuesto, se ha dejado tiradas a personas que como el estudio Cano Lasso habían trabajado bien, y con el que según los jueces el Ayuntamiento actuó de forma desleal". Respecto a la indemnización, añadió: "Que son 24.000 euros comparados con los 6 millones de incremento que acabamos de aprobar hace cuatro días".

Antiguos socios de gobierno

Izquierda Unida gobernaba con PSOE y PAR cuando se rescindió el contrato en 2002. La actual concejala reconoce que su grupo rechazó la propuesta del estudio de arquitectos de incrementar el presupuesto hasta los 7 millones, "y ahora nos encontramos con que la diferencia no es de un millón de euros sino que el presupuesto inicial se ha multiplicado por 5". Trinidad Rincón también se refirió al rosario de sentencias perdidas por el Ayuntamiento. "Habrá que ver qué está fallando, porque algo está fallando. No sé si es que no sabemos afrontar ese tipo de demandas o se pierden porque simplemente los demandantes tienen razón".

Aunque Elboj no se quiso pronunciar ayer, sí lo hizo Fernando Lafuente, del PAR, su socio de gobierno. Lafuente mostró su respeto por el fallo judicial y eludió valorar las circunstancias que rodearon la rescisión del contrato en 2002, "es agua pasada". En cuanto a las diferencias de precio entre el proyecto de Cano Lasso y el actual dijo que no son comparables, "porque no se está haciendo el mismo edificio que inicialmente se proyectó". "Este palacio de congresos no es el que nosotros hubiéramos querido. Lo dije en su momento y me ratifico. Pero es un edificio que está ahí, hay que terminarlo y que pagarlo y los sobrecostes que ha habido han sido valorados y justificados", explicó.