La juez facilita la venta de Mildred al autorizar el plan de liquidación

La juez que tramita el caso de Mildred ha autorizado el plan de liquidación de la empresa pastelera presentado por los administradores concursales nombrados tras la quiebra económica de la factoría. Se trata de un paso previo a la autorización de venta definitiva, un hecho que se espera que sea la próxima semana y que los sindicatos y antiguos trabajadores ansían. La fábrica cerró definitivamente a mediados de julio del pasado año debido a su grave crisis económica dejando sin empleo a 400 oscense. Ahora, una oferta de 12 millones de euros puesta sobre la mesa podría devolver la alegría a los cientos de antiguos empleados que siguen en el paro.

El auto del juzgado de primera instancia número 2 de Huesca que se dio a conocer ayer valida el plan presentado en el juzgado el pasado mes de diciembre y da vía libre a la enajenación de los activos de la industria y su posterior venta para hacer frente a las deudas.

Cabe destacar que en dicho plan, que la juez reproduce en el auto emitido ayer, se establece que la venta de toda la unidad productiva de Mildred no deberá producirse por menos de 8 millones de euros, cantidad que destaca la opción de compra presentada por el montisonense Antonio Heras (6 millones). Sin embargo, la otra oferta, la presentada por el empresario madrileño Eusebio Lázaro Martínez según algunas fuentes en representación de una sociedad empresarial, seguiría adelante. Se trata de una propuesta que alcanza los 12 millones de euros (por las instalaciones y la marca) a pagar en dos años y que plantea un plan de viabilidad en el que se contempla la reapertura de la factoría con 250 empleos y una logística de transportes formada por 25 camiones de gran tonelaje.

De los 12 millones de euros que Lázaro está dispuesto a pagar, algo más de 470.000 irán destinados a la compra de la marca Mildred. Con el resto, se harán frente a las deudas contraídas por Mildred-Pauni. Cerca de 3 millones de euros irán destinados al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), que adelantó el pago de la indemnización mínima de 20 días por año trabajado a los 378 ex empleados afectados por el cierre. Asimismo, hay una deuda con la Seguridad Social que asciende a 1,5 millones de euros y otros créditos prioritarios. Después de hacer frente a todos ellos, con el sobrante, se procederá al pago a prorrata del resto de créditos y deudas a acreedores, entre los que se encuentran también los ex trabajadores de la empresa a los que se debe 13 días más por año trabajado como indemnización ya que se pactaron 33. Aunque no se ha concretado qué porcentaje de la deuda podrán recuperar, se estima que estará en torno al 50% ya que los débitos ascendían a algo más de 18 millones.

Ilusión en los sindicatos

El paso dado por la juez, aunque no es el definitivo, ha sido muy bien acogido por los sindicatos que ven como este largo proceso por fin llega a su fin y, además, con una posible reapertura en el horizonte. "De no haber alegaciones al precio de la marca que se publicó el pasado viernes, entiendo que con este paso se aceleraría la venta de las instalaciones a Lázaro", afirmó Arancha García Carpintero, secretaria provincial de CC. OO. Al igual que otras fuentes consultadas, espera que por fin la próxima semana esté la autorización de venta definitiva y que comiencen con los contactos con el empresario madrileño y la firma a la que representa, que tendrán un plazo de diez días -una vez esté dicho auto- para presentar una fianza de 1,2 millones de euros más IVA en el juzgado.

Por su parte, Ángel Laguarta, secretario provincial de UGT añadió que el trámite se trata de un paso más del proceso que la jueza debía dar para "no dejar suelto ningún cabo". Asimismo, recordó que en este auto se da un nuevo plazo de cinco días para presentar posibles alegaciones y que si no, se daría por buena la oferta de Lázaro.

Según los expertos, una vez consumada la venta, los nuevos propietarios tardarían al menos dos meses en volver a poner en marcha la industria con 250 trabajadores, más o menos dos tercios de la antigua plantilla. Pero aún así, seguirá siendo la industria más grande de la capital altoaragonesa.