El Gobierno de Aragón lanzó este martes una nueva línea de subvenciones dirigida a mitigar los ataques de lobo y oso sobre la ganadería extensiva, que, tal y como se preveía, no logró calmar los ánimos de los afectados, que insisten en que la convivencia entre estos dos animales y la ganadería extensiva resulta "imposible".

La orden sobre las nuevas ayudas, que este martes fue publicada en el Boletín Oficial de Aragón, encontró el rechazo mayoritario de sindicatos y colectivos, a pesar de suponer una mejora sobre las condiciones anunciadas de forma inicial. De hecho, como ejemplo, Asaja aboga por su frontal rechazo y además, anuncia que propondrá al resto de colectivos un nuevo calendario de movilizaciones con el fin de "lograr la retirada del oso y del lobo del medio rural aragonés".

El grueso de la convocatoria, que está dotada con medio millón de euros, está dirigido a subvencionar la autoprotección del ganado, ya que permite financiar hasta el 100% del coste de la adquisición e instalación de pastores eléctricos así como vallados fijos o portátiles hasta un máximo de 3.000 euros por titular y año.

También subvenciona la compra de perros mastines, incluidos los gastos asociados a la inscripción en el registro de identificación, hasta un máximo de 600 euros. Además de ello, hay ayudas directas para aquellos ganaderos que sufran ataques de oso o lobo, con un importe de hasta 6 euros por cabeza con un límite máximo de 2.000 ejemplares de más de un año de vida por explotación y un mínimo de 100. Las ayudas se limitan a aquellas ganaderías situadas en zonas en las que ya ha habido ataques registrados. También hay otras limitaciones. Por ejemplo, un ganadero que sufra un ataque solo podrá recibir un máximo de 15.000 euros en un periodo de tres años.

Algunos colectivos y sindicatos ni siquiera entraron en valorar las condiciones, ya que consideran que "la aceptación de estas ayudas significa aceptar la presencia del lobo y el oso en Aragón, lo que resulta insostenible, ya que supondría la desaparición de nuestra forma de vida", tal y como señaló el presidente de la Plataforma contra el Lobo, Luis Castell, que se mostró "indignado" ante la actuación de la administración, que, en su opinión, "sigue haciendo oídos sordos a nuestras verdaderas demandas".

Asaja Aragón tampoco valoró el fondo de la propuesta, ya que, al igual que este colectivo, considera que el establecimiento de estas ayudas supone "normalizar y dar un marco legal a una situación insostenible, que, de continuar, va a ser la puntilla de muerte para la ganadería extensiva". Para el sindicato, resulta "incomprensible" la actitud del departamento aragonés de Desarrollo Rural así como de algunas organizaciones ecologistas, para quienes, en su opinión, la ganadería extensiva "sirve para hacerse la foto, pero no para luchar por su defensa y mantenimiento".

Por su parte, el sindicato UAGA tiene previsto realizar una reunión con varios de sus representantes para decidir si finalmente optan o no a las subvenciones convocadas por el Gobierno de Aragón, según explicó uno de sus responsables, José Luis Lasheras, que, aunque reconoció una mejora sobre las condiciones anunciadas, tildó las ayudas de "insuficientes e injustas". De hecho, consideró que la DGA debería cuantificar y abonar los daños reales que han provocado los ataques de oso o lobo y además, dar prioridad a aquellos que ya han sufrido las consecuencias de la presencia de estos dos animales.

Frente a ello, atendiendo a la redacción del decreto, Lasheras se mostró satisfecho al comprobar que la aceptación de las ayudas no supone renunciar a la posibilidad de litigar con la administración ni tampoco a luchar contra la presencia de estos dos animales.