Huesca paraliza un contrato de 7 millones con el grupo Sacyr por la operación Enredadera

La macrooperación policial Enredadera contra el amaño en contratos de tráfico, a cargo de la UDEF y con registros en los ayuntamientos y los cuarteles de la Policía Local de Huesca y Teruel, tuvo este miércoles consecuencias en la corporación de la capital oscense. El pleno decidió, por unanimidad, aplazar la adjudicación del servicio de limpieza viaria a la empresa Valoriza Medioambiente, del grupo Sacyr, para los próximos cuatro años, por 7.023.316 euros, ya que se desconoce si falta algún documento, pues la Policía incautó archivos de varios expedientes relacionados con Sacyr.

La aprobación de la adjudicación se retiró del orden del día, tras acordarlo así en la junta de portavoces y vistos los informes jurídicos. Curiosamente, Sacyr adquirió, a través de Valoriza Medioambiente, la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial, que está en el punto de mira de la investigación iniciada por un juzgado de Badalona. A instancias de la Fiscalía anticorrupción, se realizaron el pasado martes casi un centenar de registros y 39 detenciones, entre ellas la del jefe de la Policía Local de Huesca, Alberto Edroso, que quedó en libertad tras declarar en la comisaría.

Según comentó el secretario del pleno, la Policía solicitó diversos expedientes en el servicio de Contratación y no se sabe qué se llevó. Los técnicos los están revisando para ver si falta algún documento fundamental de contrato de limpieza viaria. Argumentó que, en caso de un recurso, las otras empresas estarían en "inseguridad jurídica", al no disponer de todo el expediente. Si se echa en falta algún papel, se pedirá una copia al juzgado.

Solo un contrato

Por otra parte, el Ayuntamiento solo tiene constancia de un contrato con la empresa Aplicaciones Gespol S. L. El encargo es de este mismo año, por un importe de poco más de 4.000 euros. Se trata de un contrato menor, que como tal no pasó por la Mesa de Contratación y que tiene que ver con "cuestiones de calidad relacionadas con la seguridad vial".

Fue el alcalde quien este miércoles desveló los detalles del contrato. Luis Felipe no quiso entrar en más cuestiones alegando que el caso está bajo secreto de sumario. "El Ayuntamiento ha colaborado al máximo con la Justicia poniendo a disposición de la Policía la documentación requerida. No puedo decir nada más", declaró.

Sí manifestó su "preocupación" y "sorpresa" por la situación, "la misma que me imagino que tendrán todos los alcaldes que este miércoles (por el martes) recibieron a la Policía en búsqueda de documentación". "En cualquier caso, la obligación de un servidor público es ponerse a disposición de la Justicia y colaborar en todo aquello que se solicite", añadió, en sus primeras declaraciones sobre el asunto, ya que el día que se produjo el registro había viajado a Madrid para reunirse con la ministra de Defensa.

Preguntado sobre si el intendente sigue en su puesto con normalidad, el alcalde dijo: "Es un asunto que no se ha tocado, tendrá que haber una resolución para tomar esa decisión", señaló.

Desde el Ayuntamiento de Teruel aseguraron este miércoles no tener constancia de que haya habido algún contrato con las empresas investigadas por la Policía Nacional. Destacaron que todos los pagos, por pequeños que sean, están fiscalizados por la unidad de Intervención, sin que se tenga conocimiento de ninguno que vincule a dichas compañías con el Ayuntamiento. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registró el martes las oficinas municipales y las dependencias de la Policía Local, llevándose de estas últimas copias de diversos documentos.

La orden de arresto pilla de vacaciones al exintendente de Teruel

Las únicas noticias que se tienen del exintendente jefe de la Policía Local de Teruel, Santiago Hernández, sobre el que pesa una orden de detención en el marco de la operación Enredadera, es que se encuentra en Roma. La medida le habría sorprendido, al parecer, disfrutando de unos días de vacaciones. De acuerdo al protocolo, la Policía Nacional podría dictar una orden de detención internacional a través de la Interpol, si no lograra contactar con él en un breve espacio de tiempo.

Hernández trabajó en Teruel casi 20 años –entre 2001 y 2017– con los alcaldes Manuel Blasco (PP), Lucía Gómez (PSOE), Miguel Ferrer (PAR) y Emma Buj (PP). El primero de ellos, quien expresó su deseo de que "todo se aclare", recordó ayer que bajo su mandato se construyeron las actuales oficinas de la Policía Local y se elevó el nivel profesional de la plantilla. Ferrer, por su parte, afirmó que nunca hubo ningún informe contradictorio del Ayuntamiento respecto a las propuestas de Hernández. Lucía Gómez señaló que durante su Alcaldía jamás detectó anomalía alguna sino que todo fue "correcto".