Los cuatro auxiliares y los cuatro administrativos que ganaron una oposición de la Diputación Provincial en 2014 tras superar un proceso selectivo con 900 aspirantes seguirán sin poder tomar posesión como funcionarios. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, a petición de la Delegación del Gobierno en Aragón, ha tumbado el último intento de la DPH de nombrarles aunque los afectados no están dispuestos a tirar la toalla y recurrirán el auto ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Además, tienen abierta otra posible vía judicial con el recurso que interpusieron ante el Tribunal Supremo frente a la sentencia del TSJA que ratificó el fallo inicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, el cual hace dos años anuló las dos oposiciones alegando que los Presupuestos Generales de 2014 impedían incorporar nuevo personal.

El juez ha estimado ahora las alegaciones que presentó la Abogacía del Estado solicitando que se ejecutara provisionalmente la sentencia dictada el 14 de abril de 2015 para frenar así la nueva estrategia que había impulsado la Diputación Provincial para desbloquear el nombramiento de estos ocho funcionarios.

Para hacer cumplir la sentencia, la DPH publicó el 17 de enero una nueva Oferta de Empleo Público de cuatro plazas de administrativo y otras cuatro de auxiliar restringida ya que solo iban a ser admitidos los aspirantes que ya fueron aceptados en 2014. Además, se seleccionaría el mismo tribunal que entonces y se conservaría todo el proceso selectivo (ejercicios, puntuaciones y propuestas de nombramiento) dando por buenos los resultados de entonces, lo que de facto iba a permitir a los afectados ser nombrados como funcionarios de carrera de pleno derecho. Y es que los servicios jurídicos de la DPH defendían que el fallo judicial anuló solo la oferta de empleo y las bases pero no los procedimientos selectivos, por lo que aplicaron el principio de conservación de actos.

Sin embargo, el juez de lo Contencioso-Administrativo considera que con su actuación la DPH "está conculcando de forma indirecta uno de los enunciados expresos que condicionaron la realización de ese proceso selectivo". Recuerda al respecto que en su día permitió la celebración de las oposiciones porque "el esfuerzo personal y preparación realizada por los aspirantes" debía ser "protegido". Pero subraya que también acordó como medida cautelar que la Administración se abstuviera de realizar ningún nombramiento hasta que hubiera sentencia ya que en caso de que la oferta fuera anulada, como así ocurrió, el proceso selectivo "no iba a tener eficacia".

Y subraya que esta "expresión meridiana" fue informada tanto a la DPH como a los particulares interesados mediante un auto de medidas cautelares dictado el 18 de septiembre de 2014, dos meses antes de que se celebraran los exámenes de las oposiciones.

Por todo ello, el Juzgado acuerda la ejecución provisional de la sentencia y requiere a la DPH que no declare válidos los actos desarrollados con la OEP de 2014, el proceso selectivo correspondiente, las propuestas los tribunales seleccionadores, las bolsas de trabajo que resultaron de aquellas oposiciones "y se abstenga de nombrar funcionarios de carrera en virtud de los resultados de los anteriores actos".

"Preocupados y desanimados"

Los afectados recurrirán ante el TSJA porque siguen manteniendo que sus plazas corresponden a la OEP de 2017, como resaltó este miércoles su letrado, Pablo Malo. De momento continuarán trabajando como interinos.

El abogado Clemente Sánchez-Garnica, que también colabora en el caso, sigue manteniendo que la opción que planteó a la DPHera una "solución jurídica impecable" y espera que el TSJA o el Supremo salven el proceso selectivo de 2014. Además, aseguró que los afectados están "preocupados, desanimados y con una gran incertidumbre sobre su futuro".