Los vándalos vuelven a causar daños en las escaleras mecánicas de Fraga

La instalación, mejorada recientemente, cuenta con un sistema de vigilancia por vídeo conectada con la Policía.

Los vándalos se siguen cebando con la escalera mecánica instalada en el casco histórico de Fraga. De hecho, ya ha aparecido golpeado el indicador luminoso que autoriza el paso de los usuarios y que está colocado junto a la cinta transportadora. El dispositivo, que todavía funciona, fue incorporado de forma reciente con el fin de mejorar este servicio, que salva el desnivel existente entre las calles Airetas y Arribas.

El alcalde, Miguel Luis Lapeña, ha utilizado las redes sociales para mostrar su preocupación por los continuos incidentes, que, según señala, "se repiten todas las semanas, lo que conlleva un gasto de tiempo y dinero". El primer edil recuerda además que se trata de un elemento "necesario y demandado", especialmente por las personas mayores que residen en el casco histórico o que deben acceder a la iglesia o al edificio de la Uned.

Recientemente, el consistorio invirtió 33.000 euros en la mejora del sistema de funcionamiento, lo que implicó la colocación de un arranque automático que se activa con un sensor de peso, que es capaz de detectar al usuario y, según su posición, funcionar en sentido ascendente o descendiente.

A través de esta inversión, el consistorio buscaba evitar el continuo bloqueo del servicio debido al comportamiento incívico de algunos usuarios, que apretaban el botón de emergencia y bloqueaban el movimiento de la cinta transportadora. Aunque este mecanismo debe mantenerse por normativa, los sensores de peso instalados permiten la reactivación de la escalera mecánica.

La remodelación surgió de una moción presentada por el grupo municipal de Compromiso por Fraga, cuyo portavoz, Ángel Cabrera, también ha utilizado las redes sociales para recordar que la escalera mecánica cuenta con un sistema de videovigilancia conectado con la Policía Local, así como la existencia de ordenanzas que castigan el maltrato del mobiliario urbano. En su opinión, el gobierno municipal tiene la "obligación" de velar y proteger los bienes comunes y por lo tanto, si los actos incívicos de algunos vecinos impiden el funcionamiento de este servicio, "es un fracaso de quienes deben impedirlos o sancionarlos".

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