El juez de Huesca que instruye la denuncia contra el concejal del PP en el consistorio oscense Luis Irzo por presuntos delitos de violencia de género y de malos tratos tomará declaración a familiares y conocidos de la mujer y de los tres hijos menores del edil.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Huesca quiere conocer el testimonio de personas próximas a la mujer e hijos del concejal que pudieran ser testigos presenciales de los hechos denunciados o conocedoras de la situación.

Esta iniciativa del responsable judicial se produce un día después de dictar una orden de alejamiento que prohíbe al edil a acercarse a menos de 500 metros de su familia, suspende el régimen de visitas a sus tres hijos y le retira la patria potestad sobre ellos.

Además, en su auto, el juez solicita un informe psicológico de la esposa y de los hijos del concejal para conocer el impacto sufrido a causa de los supuestos malos tratos físicos y psíquicos denunciados por la mujer del edil.

También ha acordado solicitar a los responsables del colegio donde realizan sus estudios los hijos de Luis Irzo que informen de cualquier "situación anómala" que se hubiera podido detectar a causa de los hechos denunciados.

El juez acordó medidas cautelares contra el concejal tras escuchar el testimonio "coherente y sin contradicciones" de la denunciante y advertir la existencia de un "riesgo objetivo" de peligro tanto para la mujer como para los tres hijos del matrimonio.

Sin embargo, la letrada que representó al edil en su comparecencia judicial, Carmen Cifuentes, defendió la inocencia de su cliente y vinculó la denuncia interpuesta al proceso de divorcio en el que estaría inmersa el matrimonio.

Al parecer, el edil explicó al instructor que la mujer denunció ante la policía los presuntos malos tratos un día después de recibir una carta de su abogada en la que se planteaba las condiciones de un divorcio mediante acuerdo.

Durante la comparecencia de ayer no fueron exhibidos los vídeos que la mujer aportó a los investigadores policiales para acreditar los presuntos malos tratos sufridos por ella y sus hijos desde tiempo atrás.

Carmen Cifuentes aseguró tras la toma declaración a su cliente y a la denunciante que estaba a la espera de que el instructor le remitiera los referidos vídeos para valorar su contenido.

Durante el periodo de instrucción del caso, el edil, a instancias del juez y con el apoyo de la fiscalía, no podrá portar armas y deberá pagar una pensión de 450 euros mensuales a la madre para el mantenimiento de sus hijos.

El Comité de Garantías del PP en Aragón se reunirá este viernes en Zaragoza para analizar el caso y valorar la posibilidad de adoptar posibles medidas contra el concejal.