Las pruebas genéticas realizadas a la menor que denunció haber sufrido una agresión sexual durante las fiestas patronales de Binaced a finales del pasado mes de julio han verificado la existencia de sangre y semen de una persona ajena a la investigación.

Según han informado fuentes del caso, el informe, elaborado por el Departamento de Criminalística de la Guardia Civil, obligará a los investigadores a dar un giro al caso y a reorientar las pesquisas para tratar de identificar a la persona cuya sangre y semen impregnó la ropa interior de la menor durante el ataque.

El abogado de la familia de la menor, Javier Vilarrubí, ha explicado que el informe genético realizado constituye un "vuelco radical" a la línea de trabajo en la que se habían centrado los investigadores, que no descartaban la posibilidad de una denuncia falsa en torno a una agresión "simulada", una circunstancia que "jamás" fue creíble para este acusador.

Las conclusiones de la prueba de ADN practicada descartan, además, la posible participación del grupo de jóvenes que acompañaban a la menor durante la jornada festiva en la que tuvieron lugar los hechos, a los que también les fueron tomadas muestras genéticas para ser cotejadas.

Vilarrubí ha valorado el resultado de la prueba genética al entender que confirma la versión de la menor en torno a la presunta agresión sufrida, y desmiente la hipótesis de una simulación de delito y de supuestas autolesiones.

La investigación judicial comenzó el pasado 1 de agosto por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Monzón, a raíz de la denuncia interpuesta por los padres de la menor, una joven de 17 años que pasaba unos días en la casa de una amiga de Binaced con motivo de las fiestas patronales de la localidad.

Además, el 17 de agosto la jueza acordó practicar una prueba psicológica a la víctima, a través del Instituto de Medicina Legal de Aragón, y dirigió un oficio al Departamento Criminalista de la Guardia Civil para que se remitieran al juzgado los análisis de ADN a la mayor brevedad posible.

La instructora había decretado a principios del pasado mes de diciembre el sobreseimiento provisional de las investigaciones para evitar que corrieran los plazos de la instrucción.