El pleno de la Diputación de Huesca debate hoy una propuesta socialista que pide una reducción del 20% en la tarifa eléctrica final al consumidor en las zonas productoras de energía hidroeléctrica, es decir en la práctica totalidad del Pirineo. Desde esta formación explican que «existe un desajuste en nuestro territorio, en tanto en cuanto somos productores de energía hidroeléctrica pero los vecinos, autónomos y empresas de las comarcas y territorios productores están pagando el 20% de la factura en concepto de transporte de la electricidad».

En medio de la revisión de la factura de la luz anunciada por el Gobierno central, que quiere aliviar el recibo un 3% de media con la supresión del impuesto de generación, esta iniciativa local pretende atender la histórica demanda de compensaciones por parte de las comarcas pirenaicas generadoras de energía hidroeléctrica. Los municipios de este territorio padecen las servidumbres de los saltos y las presas, pero apenas reciben beneficios pese a la importancia estratégica de la producción de energía. Se realiza esta actividad además en ecosistemas sensibles y cada vez más despoblados, lugares amenazados por la escasez de servicios básicos (sanidad, educación, transporte...), sometidos al poder de atracción de las grandes urbes en un fenómeno de macrocefalia que conocemos bien en Aragón, tan lleno de contrastes.

La medida se inscribe en las políticas de reequilibrio territorial diseñadas para frenar la despoblación rural. Una sensible bajada en la factura de la luz en los municipios afectados puede animar no solo la llegada de nuevos vecinos, facilitaría de paso la creación de empleo gracias a un incentivo que también beneficiaría a las empresas y a los emprendedores de nuevos proyectos turísticos o agroganaderos.

Más allá de los ampulosos planes institucionales que cada Administración lanza recurrentemente en busca de titulares pero que apenas tienen repercusión directa y efectiva en el administrado, la lucha contra la despoblación requiere soluciones imaginativas y prácticas -como la que aborda hoy la Diputación de Huesca-, coordinadas con el propio territorio y los demás poderes públicos implicados en la supervivencia de los pueblos.

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