El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Carreteras, ha abierto una investigación para averiguar si parte de los escombros del desprendimiento ocurrido el pasado domingo en la carretera A-132 fueron arrojados al río Gállego. Fuentes del departamento de Vertebración Territorial han afirmado que “se está investigando lo sucedido” para determinar si las piedras aparecidas en la ladera del Gállego, a su paso por Murillo de Gállego, cayeron con el derrumbe, se precipitaron por la ladera al apilarlas en las márgenes de la calzada antes de su retirada o se arrojaron intencionadamente.

La Dirección General de Carreteras ordenó la tarde del miércoles paralizar las tareas de limpieza, después de que la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos denunciara el vertido. Los trabajos siguen interrumpidos a la espera de lo que determine la investigación y se estudie una solución para sacar de allí las piedras, para lo cual se está también en contacto con la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La Coordinadora ha valorado positivamente que el Gobierno de Aragón actuara de forma “rápida y eficaz” para el mismo domingo abrir la carretera, tratándose de la vía alternativa al puerto de Monrepós, pero dice que “desde entonces, no se han seguido los protocolos oportunos para este tipo de actuaciones, y los materiales se han lanzado, en muchos casos, directamente al río Gállego, en lugar de recogerlos”. Critica asimismo el trato recibido por un miembro de la coordinadora, “que acudió a grabar los trabajos, al que amenazaron con quitarle el teléfono e incluso lanzarlo al río”. Han aportado fotos y vídeos para documentar su denuncia.

Según este colectivo, el vertido “pone en riesgo no solo los descensos con barcas o kayaks que se realizan en este tramos del río, debido a las modificaciones en el curso y el caudal del río, si no también la seguridad de cualquier persona, ya que se crean zonas con una importante inestabilidad, de las que pueden desprenderse materiales en cualquier momento”. Además, añaden, supone “una infracción ambiental injustificada, ya que el protocolo en estos casos indica perfectamente que los materiales han de recogerse y transportarse a una zona habilitada y autorizada para ello”.

Los hechos se van a denunciar a la Guardia Civil, a los agentes forestales y a la Condeferación Hidrográfica del Ebro.