La madre de la niña que se tragó una pila dice que "ha pasado ya 60 veces por quirófano por una negligencia"

Tres médicos que trabajaban en el centro de salud de Fraga se enfrentarán a una petición de 3 años de cárcel y 4 de inhabilitación por un presunto delito de negligencia después de que no le hicieran las pruebas necesarias a un bebé de 11 meses para localizar una pila del mando a distancia que se había tragado y que le ha dejado graves secuelas médicas. La Fiscalía solicita, además, 430.000 euros de indemnización, mientras que la acusación particular eleva su petición hasta 1.035.000 euros. Mientras, las defensas reclaman la absolución de sus clientes.

El Juzgado de lo Penal nº1 de Huesca ha celebrado este viernes una vista de conformidad, pero las partes han comunicado que no ha sido posible llegar a un acuerdo por lo que se ha fijado fecha definitiva para el juicio, que tendrá lugar el 5 de abril del próximo año.

Aránzazu Mármol, que ha acudido acompañada de su padre, ha relatado que el 22 de diciembre de 2010, llevó a su hija Ares a Urgencias del centro de salud de Fraga por una pila del mando a distancia del televisor que se había tragado. “Le hicieron una placa que no fue correcta, desde media clavícula hasta medio pubis, me dijeron que no tenía nada y me dieron medicación para una bronquitis. Incluso una enfermera me dijo que no pasaba nada y que le tocara el ombligo para cambiar de canal”, ha explicado.

Regresaron a su domicilio en Torrente de Cinca, pero al tercer día vio que el estado de salud iba empeorando porque no respiraba bien y decidió acudir al hospital Arnau Vilanova de Lérida donde le realizaron una radiografía “bien hecha” de la zona de la garganta que sí detectó la obstrucción, por lo que la derivaron al hospital San Juan de Dios de Barcelona porque sufría una quemadura química con perforación esofágica y traqueal por la degradación de la batería. Desde entonces, la niña ha pasado más de 60 veces por quirófano “y aún le quedan por delante porque tiene obstrucción de la tráquea y del esófago".

Como consecuencia de este calvario, Ares sufre una parálisis bilateral de las cuerdas vocales y una afonía “que le acompleja hasta el punto de que quiere cambiarse de lugar para vivir”. También le cuesta mucho respirar cuando hace ejercicio físico. Por todo ello, acude al logopeda todos los días gracias a la ayuda económica del Gobierno de Aragón. Y aparte de las secuelas físicas, asegura que su hija está “muy desmoralizada porque es una niña de 6 años que ha tenido que madurar demasiado pronto para su edad y sufre mucho”.

“Mi hija no se va a recuperar al 100% nunca y solo quiero justicia porque aún espero después de casi siete años que alguien me venga a decir perdón o a preguntarme si necesito algo”, ha señalado Aránzazu Mármol.

Su abogado, Aldo Valero, defiende la acusación de negligencia médica “porque no vieron que las pruebas estaban mal hechas y que tendrían que haberlas repetido porque la pila estaba allí”. Además, justifica la elevada cuantía de la responsabilidad civil que han solicitado destacando que “aparte de las 60 intervenciones quirúrgicas y que hay que ir ampliándole la tráquea conforme crezca, cuando sea una mujer no podrá ejercer la misma vida laboral que el resto de personas y esa pérdida económica hay que valorarla”. Sin embargo, sostiene que por muy alta que sea la compensación económica, “nunca podrá compensar los daños que ha sufrido esta familia”.

El letrado ha reconocido que este viernes no se ha podido llegar a un acuerdo “pero siempre estamos abiertos a un acercamiento porque no buscamos el perjuicio de ninguna persona en particular, pero defendemos a nuestra representada que llevó a su hija al centro de salud con una dolencia y explicando lo que le pasaba explícitamente y seis años más tarde estamos aquí porque algo se ha hecho mal”. Y en este sentido, ha afirmado que el interlocutor principal es la compañía aseguradora.

Por su parte, Jesús García Huici, abogado de uno de los médicos implicados en el caso, solicita la absolución “porque creemos que no está suficientemente justificada la negligencia que se les imputa ya que existen pruebas que acreditan que actuaron con la diligencia debida en el momento adecuado”. En cuanto a los perjuicios de salud sufridos por la niña, discrepan “porque la familia sostiene que tiene un estado muy deficiente y creemos que el informe del médico forense acredita una situación mejor”.