Tras un parón de más de año y medio, con un gobierno en funciones y dos elecciones generales de por medio, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha desbloqueado finalmente la construcción del embalse de Almudévar, la mayor obra que acomete en España en materia hidráulica, con una inversión de 102.204.834 euros. Las obras podrían empezar en 2017, ya que solo queda el trámite de la declaración de ocupación urgente de los terrenos y el inicio del proceso de expropiación.

El Ministerio anunció el pasado miércoles la aprobación del proyecto de construcción, que estaba pendiente de la emisión del informe de la Abogacía del Estado. El expediente se paralizó mientras el gobierno estuvo en funciones, ya que los asesores jurídicos eran reticentes a realizar cualquier avance con un ejecutivo interino.

La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, que con esta infraestructura aumentará su capacidad de almacenamiento, confía en que en unas semanas el Consejo de Ministros declara la ocupación urgente de los terrenos. Este sería el último trámite, ya que salió a concurso conjuntamente el proyecto y la obra y ya está seleccionada la empresa adjudicataria.

Hay dinero para empezar

La prórroga presupuestaria no será un problema, pues cuenta con una consignación plurianualizada. En 2016 no se gastaron los 18 millones comprometidos, pero en 2017 hay previstos 29,5 y también se cuenta con partidas para 2018 y 2019. La unión temporal de empresas adjudicataria (Sacyr, Vias y Construcción, Sogeosa, Corsán-Corvian) dispondrá de 102 millones de euros y 48 meses para levantar dos presas de 2.400 y 3.900 metros y una altura de 41,5 y 26 metros que cierran una amplia vaguada en el municipio de Almudévar, a 14 km de Huesca. La actuación se completará con la construcción de una estación de bombeo y una subestación eléctrica. El embalse se llenará por elevación, con un importante gasto en energía, y estará a 3,5 km de la confluencia de los canales de Monegros y Cinca que lo alimentarán.

El Ministerio valoró que la actuación, junto al embalse de Biscarrués, a la que está vinculada para conseguir una mayor regulación de caudales en el Gállego, "constituye la empresa de mayor importancia de las que se están acometiendo en España en materia hidráulica tanto por su singularidad como por su oportunidad, y demuestran el compromiso del Gobierno por cubrir las necesidades hídricas de la Comunidad Autónoma de Aragón".

"Una garantía de suministro"

Los regantes, por su parte, reiteraron que Almudévar y Biscarrués "constituyen la garantía de suministro que Riegos del Alto Aragón necesita para mantener y mejorar su productividad". "Llevábamos mucho tiempo esperando", declaró el presidente de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, quien agradeció el interés de la ministra, Isabel García Tejerina, y de su equipo, así como el trabajo realizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro. "Ha costado mucho, pero una vez que se formó el gobierno se ha producido la aprobación definitiva del proyecto en no demasiado tiempo", añadió, confiando en que el Consejo de Ministros, esta semana o la próxima, pueda declarar la ocupación urgente del suelo.

En Almudévar hace más de un año que se espera el inicio de las expropiaciones. La relación de bienes salió a información pública a finales de 2015. El alcalde, Antonio Labarta, recordó que además los técnicos de la CHE trabajan ya en el plan de restitución que compensará al municipio por la inundación de más de 1.000 hectáreas.

Mientras, la coordinadora contra Biscarrués, que estos días celebra los 30 años de lucha, reiteró su oposición también a Almudévar. Dijo que "los regantes deben justificar de forma actualizada la necesidad de los caudales que suponen un gran coste económico, medioambiental y social. El gasto de dinero público no está justificado. Hay alternativas de modernización y balsas laterales más pequeñas que dan respuesta a las supuestas necesidades".