El nuevo protocolo deja en el aire la asistencia de los concejales a la procesión de San Lorenzo

Con banda o sin ella. El informe del oficial mayor ha sembrado dudas sobre la modificación del Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Huesca, que ayer se aprobó en pleno envuelta, como poco, en la misma polémica que la rodeado en las últimas semanas, ya que ahora no está claro que la corporación pueda asistir como tal a la procesión de San Lorenzo el 10 de agosto, una de las excepciones que se podían regular por decreto. "La seguridad jurídica aconseja que todo aquello que se pueda prever y así se desee se regule de forma concreta, con el fin de evitar que la excepción se convierta en regla", señala el jurista municipal.

El gobierno PSOE-Cambiar-Aragón Sí Puede ha decidido aplicar a rajatabla el artículo 16 de la Constitución sobre la aconfesionalidad del Estado y sus instituciones. Los concejales no asistirán a ningún acto que tenga carácter religioso en representación del ayuntamiento. Este tampoco podrá organizarlos ni programarlos. La restricción alcanza a los trabajadores municipales, que podrán acudir a actos religiosos a título particular pero sin uniformes ni otros símbolos que acrediten su condición.

El documento que sale a exposición pública, solo contó con el respaldo del tripartito, ya que el PP y Ciudadanos votaron en contra, unos por cuestión de fondo y otros por aspectos de forma. En la decisión del partido naranja pesó el informe del oficial mayor del Ayuntamiento que, reconociendo la ‘legalidad’ del nuevo reglamento, define como ‘fraude a la norma’ la disposición adicional tercera, que faculta al alcalde a establecer por decreto excepcionalidades para ir a actos religiosos, como sería la procesión de San Lorenzo del 10 de agosto.

Según el informe jurídico, si se utiliza esa vía excepcional para permitir la asistencia de la corporación a este acto y otros similares se produciría una "derogación singular de reglamento, cuestión que prohíbe la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas". No obstante, en las conclusiones no se menciona la disposición adicional, lo que deja abierta alguna puerta a que la decisión de acudir a esta procesión de forma oficial se adopte de otra manera. "La voluntad de ir la tenemos", afirmó Teresa Sas (PSOE) tras el pleno.

La neutralidad municipal

Durante el debate, el presidente de la comisión de Relaciones Institucionales, el socialista Antonio Sanclemente, señaló que desde el primer ceremonial del Ayuntamiento de Huesca, en 1620, la presencia de la corporación en actos religiosos "se ha reducido considerablemente". Asimismo, destacó como un hecho "de calidad democrática y regenerativa" el permanecer neutral en materia religiosa y recordó que los concejales podrán ir donde quieran "sin símbolos ni privilegios" porque las convicciones de conciencia "son asunto privado".

En estos mismos argumentos abundaron los portavoces de los otros dos grupos del tripartito. Mary Romero (Aragón Sí Puede) insistió en que "ninguna confesión tiene carácter estatal" y en que "la neutralidad del ayuntamiento es esencial".

Luis Arduña, (Cambiar) reprochó a los populares "buscar la confrontación en el tema de la aconfesionalidad", cuando el nuevo reglamento aborda más aspectos. "Vayan donde quieran y cuando quieran, pero no en representación del ayuntamiento porque no pueden atribuírsela", dijo mirando a la bancada del principal grupo de la oposición.

Cuando todos, público incluido, esperaban que el debate adquiriera otro tono con la intervención de Gerardo Oliván, portavoz del PP, fue Teresa Moreno quien tomó la palabra. La concejal no necesitó alzar la voz para decir que el nuevo reglamento es "la norma protocolaria más radical que existe en España". Criticó la forma, "por no enviar con tiempo la documentación y tratar de conseguir la aprobación en cuatro días", y el fondo "porque coarta la libertad y sesga derechos fundamentales".

Ciudadanos, que en la comisión se abstuvo a la espera del informe que solicitó, votó en contra de la modificación. Su portavoz, José Luis Cadena, señaló que hubiera sido necesario un proceso de participación ciudadana para estos cambios. "No es cuestión de religión sino de como interpretar la normativa", añadió.