El proyecto de la planta de biomasa de Monzón será revisado por el Instituto Aragonés del Gestión Ambiental (Inaga) después de que este mismo organismo le otorgara la autorización pertinente para llevarse a cabo. El órgano del Gobierno aragonés ha comunicado esta decisión a las partes que intervinieron en el proceso de exposición pública así como al Ayuntamiento de la capital del Cinca Medio, abriendo una revisión de oficio sobre la industria, que lleva meses levantado un amplio debate a nivel político y ciudadano en el municipio al proyectarse en las cercanías del casco urbano, a apenas 600 metros.

Fuentes del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad explican que la decisión se ha tomado tras recibir un informe el pasado mes de diciembre del área de cambio climático del propio Ejecutivo, además de tener en cuenta las consideraciones que les había hecho llegar el Ayuntamiento de Monzón y unas alegaciones de Ecologistas en Acción que se entregaron fuera de plazo. La noticia ha sido recibida con “buenas sensaciones” pero también con algo de “incredulidad” por parte de la Plataforma que lleva meses pidiendo que se revise la ubicación de la planta por los supuestos efectos contaminantes que generará la quema de 51 toneladas a la hora de madera de chopos, eucaliptos o cañas, según está planificado en el proyecto.

“Nos alegramos que se haya tenido en cuenta porque el debate social en Monzón es importante. Pero que se revise ahora también demuestra que las cosas no se hicieron bien en un principio”, valora Álex Serrano, miembro de Ecologistas en Acción y uno de los representantes de la plataforma. El colectivo entiende que la planta, que promueve la empresa Solmasol I, puede provocar problemas por las emisiones que produzca la incineradora de madera, y para ello han recogido más de 7.700 firmas -5.300 por internet y 2.400 de vecinos de Monzón- que trasladarán en las próximas semanas al Ayuntamiento y al Departamento de Desarrollo Rural. “Estamos hablando de que Monzón es una de las ciudades de Aragón con los indicadores de contaminación más elevados, y creemos firmemente que la planta se puede levantar en otra zona que no sea tan próxima al municipio”, señala Serrano. Del proyecto de la planta de biomasa de Monzón será revisado por el Instituto Aragonés del Gestión Ambiental (Inaga) después de que este mismo organismo le otorgara la autorización pertinente para llevarse a cabo.

El órgano del Gobierno aragonés ha comunicado esta decisión a las partes que intervinieron en el proceso de exposición pública así como al Ayuntamiento de la capital del Cinca Medio, abriendo una revisión de oficio sobre la industria, que lleva meses levantado un amplio debate a nivel político y ciudadano en el municipio al proyectarse en las cercanías del casco urbano, a apenas 600 metros.

Fuentes del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad explican que la decisión se ha tomado tras recibir un informe el pasado mes de diciembre del área de cambio climático del propio Ejecutivo, además de tener en cuenta las consideraciones que les había hecho llegar el Ayuntamiento de Monzón y unas alegaciones de Ecologistas en Acción que se entregaron fuera de plazo.

La noticia ha sido recibida con “buenas sensaciones” pero también con algo de “incredulidad” por parte de la Plataforma que lleva meses pidiendo que se revise la ubicación de la planta por los supuestos efectos contaminantes que generará la quema de 51 toneladas a la hora de madera de chopos, eucaliptos o cañas, según está planificado en el proyecto.

“Nos alegramos que se haya tenido en cuenta porque el debate social en Monzón es importante. Pero que se revise ahora también demuestra que las cosas no se hicieron bien en un principio”, valora Álex Serrano, miembro de Ecologistas en Acción y uno de los representantes de la plataforma.

El colectivo entiende que la planta, que promueve la empresa Solmasol I, puede provocar problemas por las emisiones que produzca la incineradora de madera, y para ello han recogido más de 7.700 firmas -5.300 por internet y 2.400 de vecinos de Monzón- que trasladarán en las próximas semanas al Ayuntamiento y al Departamento de Desarrollo Rural.

“Estamos hablando de que Monzón es una de las ciudades de Aragón con los indicadores de contaminación más elevados, y creemos firmemente que la planta se puede levantar en otra zona que no sea tan próxima al municipio”, señala Serrano.

Del 'no' de las Cortes a la revisión del Inaga

La historia de la planta de biomasa viene de lejos y ha levantado profundos debates en la ciudad montisonense. El anterior Gobierno municipal tramitó el expediente de Declaración de Interés Público para que se ubicara en el terreno que ahora genera discordia, entre las carreteras comarcales que llevan a Almunia de San Juan y Fonz, cerca del polígono industrial Paúles. Y tras este trámite, el Inaga concedió el visto bueno a la declaración de impacto ambiental a finales del pasado mes de agosto.

Sin embargo, durante este tiempo, el consistorio de Monzón ha cambiado de gobierno (de PP-PAR a PSOE-Cambiar Monzón), avivando el debate. “Nosotros hubiéramos dicho que sí a la planta, valorando los puestos de trabajo que va a generar, pero no en esa ubicación, que creemos que no es la más idónea”, explica Miguel Aso (Cambiar Monzón), actual concejal de Medio Ambiente, quien explica que la nueva corporación se encontró sin posibilidad de efectuar cambios, más allá de enviar una serie de consideraciones al Inaga sobre los problemas que podría generar la planta.

Además, la semana pasada se debatió en las Cortes de Aragón una proposición no de Ley impulsada por Izquierda Unida y Podemos para solicitar el cambio de ubicación que fue rechazada con los votos en contra de PP, Ciudadanos, PSOE y PAR, mientras que votaron a favor IU, CHA y Podemos.

Un rechazo desde las Cortes que no ha evitado que en el ámbito municipal se siga moviendo el tema. Sin ir más lejos, este mismo martes el grupo municipal del PAR propuso mantener la planta en la misma parcela, pero desplazando su ubicación para que en lugar de estar a 600 metros estuviera a 1.400 del casco urbano, algo insuficiente para el colectivo que se opone a la incineradora.